Gobierno de El Salvador está bajo la lupa por presunta negociación con pandillas

El gobierno de El Salvador está bajo la lupa de la fiscalía tras un reporte periodístico que reveló una presunta negociación con una pandilla para disminuir los homicidios.

El periódico digital El Faro reveló que el gobierno del presidente Nayib Bukele, habría negociado hace más de un año con la pandilla “Mara Salvatrucha” (MS-13) beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de los homicidios.

El periodista Óscar Martínez, uno de los autores del artículo de El Faro, explicó a la AFP que la investigación periodística se basó “en documentos oficiales”.

Ante las revelaciones, el fiscal general, Raúl Melara prometió que “se abrirá la investigación correspondiente”.

“Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas”, advirtió Melara.

La violencia homicida ha declinado y el gobierno de Bukele lo presenta como uno de sus principales logros, basado en el denominado “Plan Control Territorial”, que incluye el despliegue de policías y soldados en las ciudades con mayor inseguridad.

“Hasta el momento, nadie del gobierno, ningún funcionario, ha dicho que las 108 páginas de documentos oficiales que son nuestra prueba de la investigación y nuestro artículo sean falsas. Son documentos oficiales”, aseguró Martínez.

Para desvirtuar lo publicado por El Faro, el gobierno mostró a la prensa el pasado viernes las “estrictas” condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país.

Exfuncionarios de gobiernos anteriores enfrentan a la justicia por haber pactado con pandillas.

El reto de la Fiscalía 

Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, una entidad de análisis político y lucha contra la corrupción, considera que una eventual negociación entre el gobierno y la pandilla MS-13 plantea un desafío para la fiscalía.

“El fiscal general Raúl Melara está ante el reto de someter a verificación las pruebas que ha presentado el periódico digital y determinar si son fehacientes, y si son reales, proceder como dicta la ley”, indicó Villalta.

En tanto, Álvaro Artiga, analista político y profesor de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana (UCA) apuntó que la misión de la fiscalía en el caso de la presunta negociación es “demostrar que esa institución funciona, pues su trabajo ha sido muy deficitario”.

El exfiscal general Ástor Escalante señaló que “es fudamental” que se establezcan acciones para impedir que continúen los “posibles contactos” de funcionarios públicos con estructuras delictivas.

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