Gobierno chileno se reúne con organizaciones sociales para desactivar crisis

El gobierno chileno se reunió este jueves por primera vez con organizaciones sociales desde que estallaran hace 42 días multitudinarias protestas contra sus políticas, con episodios de violencia y saqueos que no cesan, y sin un final a la vista.

Representantes del gobierno del derechista Sebastián Piñera y de la llamada Mesa de Unidad Social, que reúne a organizaciones como el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores o la organizacion “No+AFP”, que busca poner fin al criticado sistema privado de jubilaciones de Chile (AFP), se encontraron con la intención de poner fin a las manifestaciones que ya se han cobrado la vida de 23 personas.

Convocados por la administración de Piñera, las partes tuvieron un primer acercamiento que, sin embargo, no implicó concesiones.

“Hemos sido muy claros en que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente, que no es ese nuestro ánimo, que son ellos los que tienen que dar respuestas ahora a los planteamientos que se han hecho”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, al término de la reunión.

Sin líderes visibles, la Mesa de Unidad Social ha ganado terreno, y aunque sus llamados semanales a paralización nacional son acogidos principalmente por las reparticiones públicas, al gobierno le preocupa que sus convocatorias han derivado en jornadas de extrema violencia por parte de varios sectores.

Las organizaciones plantean que el salario mínimo pase de los actuales 301.000 (374 dólares) a 550.000 pesos (664 dólares) y reemplazar el sistema privado de pensiones. La expectativa es que este sistema, impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que entrega pensiones bajas, dé paso a uno de reparto, entre otras peticiones sociales.

Al finalizar la reunión que encabezó el ministro de Interior y jefe de Gabinete, Gonzalo Blumel, aseguró: “Hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social”, cuyos ejes fundamentales son los ingresos de trabajadores, protección de empleo, acceso a la salud y los medicamentos, y la reforma de las pensiones.

El Congreso, en tanto, debate varias reformas y leyes impulsadas por el gobierno para un mayor control del orden público, como un proyecto para sancionar a los encapuchados que causan desmanes, junto a una propuesta que busca permitir a los militares resguardar infraestructura pública, sin necesidad de ser decretado el estado de emergencia.

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