Fiscalía allana presidencia de Costa Rica por presunta violación de privacidad

La fiscalía de Costa Rica allanó este viernes la Casa Presidencial y un ministerio como parte de una investigación sobre una unidad gubernamental de análisis de datos, ante sospechas de que el órgano violó la privacidad de las personas.

La Fiscalía General de la República realizó 10 allanamientos en la presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro residencias particulares, según indicó en un comunicado.

Señaló que ocho personas son investigadas en el caso, incluido el presidente Carlos Alvarado -quien no se encontraba en Casa Presidencial al momento del allanamiento-, el ministro de la Presidencia Víctor Morales, y los tres integrantes de la UPAD.

La investigación busca pruebas de posibles delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

“Es la forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía”, afirmó el presidente en un video refiriéndose al allanamiento.

“Este tema debe seguir su debido proceso. Es nuestra voluntad, deseo y deber facilitarlo”, agregó el mandatario.

Igualmente, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, aseguró que el gobierno se mantiene “de puertas abiertas” para facilitar el operativo, que involucró a 45 agentes de la policía judicial.

El caso estalló el 21 de febrero con la publicación del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que despertó fuertes críticas por la posibilidad de que accediera a información considerada confidencial.

El mismo día en que fue publicado en la Gaceta Oficial, Alvarado derogó el decreto, y dos días después ordenó suspender su actividad.

El gobierno argumentó que la unidad fue creada para recopilar información que permitiera orientar políticas públicas.

“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”, señaló la fiscalía.

La revelación de la existencia de la UPAD desató un revuelo político en Costa Rica, que llevó a la Asamblea Legislativa (parlamento) a abrir una investigación, al igual que la Defensoría de los Habitantes.

Alvarado admitió días atrás que “se cometieron errores” con la creación de la UPAD y dijo que colaboraría con las investigaciones para probar que no hubo vulneración de la privacidad.

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