En Birmania siguen las manifestaciones y militares en la calle para controlar

Los manifestantes prodemocracia volvieron a salir a la calle este lunes en Birmania, pero en menor número que en días anteriores después de que la junta militar intensificara su represión con el despliegue de tropas.

En Rangún, la capital económica, cientos de manifestantes se reunieron cerca de la sede del banco central, en el norte de la ciudad, para pedir a los funcionarios que se pongan en huelga.

Algunos ondeaban banderas rojas con los colores de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, mientras otros cantaban para “deshacerse de la dictadura”.

A pesar de las amenazas, “los movimientos populares no se detendrán, el primer paso fue el más difícil, no tenemos miedo de que nos detengan o nos disparen”, dijo Nyein Moe, un guía turístico.

Pero las multitudes eran menos numerosas que en los últimos días, constataron periodistas de la AFP. Algunas empresas enviaron correos electrónicos a sus empleados, instándoles a no manifestarse.

La presencia de militares, apoyados por vehículos blindados, también limitó el número de manifestantes.

“Intentan asustarnos desplegando soldados”, dijo Htet Aung, blandiendo un cartel que llamaba a la “desobediencia civil” frente a un camión militar.

El día anterior, el ejército desplegó tropas en varias ciudades birmanas.

“Estábamos muy asustados. Pensamos que nos iban a disparar como en el pasado”, dijo Nyein Moe, refiriéndose a los levantamientos populares de 1988 y 2007, que fueron violentamente reprimidos por el ejército.

También se celebraron otras concentraciones en todo el país, como en Naipyidó, la capital administrativa, construida por la junta.

Varias decenas de personas fueron detenidas durante la manifestación, entre ellas una veintena de estudiantes, según un periodista local.

Las conexiones a internet, que se habían interrumpido durante la noche, se restablecieron el lunes por la mañana.

Suu Kyi permanece en prisión preventiva

El golpe de Estado del 1 de febrero derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a una frágil transición democrática de diez años.

Acusada de importar ilegalmente walkie-talkies, la exdirigente, de 75 años, permanecerá detenida hasta el miércoles, tras el aplazamiento de una vista prevista inicialmente para el lunes, informó su abogado, Khin Maung Zaw.

Suu Kyi se encuentra “en buen estado de salud” y bajo arresto domiciliario en Naipyidó, dijo este fin de semana la LND.

El miedo a las represalias está en la mente de todos en el país, que vivió bajo el yugo de los militares durante casi 50 años desde su independencia en 1948.

Las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente las concentraciones disparando a los manifestantes. Una mujer de 20 años, que resultó gravemente herida la semana pasada, sigue en estado crítico.

El domingo, en el norte del país, varias personas resultaron heridas.

Una periodista local no pudo decir a la AFP si se había utilizado munición real o balas de goma. Cinco periodistas detenidos en esa manifestación fueron puestos en libertad el lunes.

Desde el golpe unas 400 personas fueron detenidas, incluyendo dirigentes políticos, activistas, médicos y estudiantes.

Vigilancia ciudadana

El ejército también difundió una lista de siete destacados activistas que están buscados. Se publicaron órdenes de detención, pidiendo a la gente que ayude a la policía a encontrar a estos “fugitivos”. Cualquiera que les proporcione asistencia o refugio será objeto de represalias.

En respuesta a las oleadas de detenciones nocturnas, surgieron espontáneamente comités de vigilancia ciudadana que piden a los residentes que vigilen a sus vecinos en caso de operaciones para detener a los opositores.

A nivel internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el domingo a la junta a “garantizar que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica”, y pidió a los generales que autoricen “urgentemente” a la diplomática suiza Christine Schraner Burgener “evaluar directamente la situación”.

“Se responsabilizará” a los jefes de la junta de la violencia, advirtió Tom Andrews, relator especial de la ONU para Birmania.

Washington detalló hace varios días una serie de sanciones contra varios generales, pidiéndoles que entreguen el poder, hasta ahora en vano.

Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles en los últimos días, las protestas más importantes desde la “revolución de azafrán” de 20007 liderada por monjes.

Muchos funcionarios –trabajadores del ferrocarril, profesores, médicos-. se pusieron en huelga en apoyo del movimiento, y los medios de comunicación locales informaron incluso de deserciones policiales.

Los generales golpistas y su líder Min Aung Hlaing, paria internacional por los abusos cometidos contra los musulmanes rohinyás en 2017, rechazan la legalidad de las elecciones legislativas de noviembre, ganadas de forma abrumadora por la LND.

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