En Argentina: recibe $500 millones por error, los gasta y es imputada

Una mujer de Villa Mercedes, San Luis, enfrenta una pesadilla judicial luego de que un error administrativo del Gobierno provincial la convirtiera, de la noche a la mañana, en la inesperada receptora de una cifra millonaria. 

Verónica Alejandra Acosta, madre de familia y sin antecedentes penales, jamás imaginó que aquel depósito que encontró en su cuenta bancaria -510 millones de pesos según su testimonio y 540 millones según fuentes judiciales- no solo no era un milagro económico, sino el comienzo de un calvario.

Compró alimentos, una heladera, una freidora, un microondas, cerámicos para el piso de su casa -que hasta entonces no tenía- y una mochila de inodoro. También adquirió dos televisores, uno de ellos para una cuñada, y transfirió sumas menores a familiares. “Nunca compré sushi ni un auto, como dicen algunos medios”, aclaró en una entrevista.

En total, la fiscalía menciona que hizo 66 transferencias, aunque la mujer explicó que fueron múltiples movimientos a los mismos destinatarios, con montos de alrededor de $500 mil, y que incluso envió $50 mil a una hermana en Formosa. Todas las operaciones, remarca la defensa, fueron digitales y por lo tanto trazables.

El origen del error

El depósito se originó por una equivocación de un contador del Gobierno de San Luis, quien luego denunció el hecho. Hasta el momento, no hay imputaciones en su contra.

Según la defensa, liderada por el abogado Hernán Echevarría, Acosta nunca fue notificada oficialmente del error antes de que su cuenta fuera congelada. “Se enteró cuando su excuñada le mandó la noticia y, mientras la leía, la policía llegó a su casa”, relataron.

En el procedimiento, además de su detención y la de cinco familiares, la policía secuestró electrodomésticos, dinero y hasta los celulares de los hijos menores de Acosta. Los seis imputados enfrentan cargos por defraudación al Estado, retención indebida y uso indebido de tarjetas de débito o crédito.

La jueza de Garantías que interviene en la causa les impuso una fianza de $30 millones a cada uno de los seis acusados, con un plazo de tres días hábiles para depositarla, bajo amenaza de prisión preventiva. En total, suman $180 millones. “Una medida absolutamente desproporcionada para personas sin recursos, sin antecedentes y con domicilio fijo”, argumentó Echevarría, quien apeló tanto los cargos como el monto de la caución.

Desde la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, aseguran que hubo intentos previos de advertencia que no fueron respondidos. “La buena fe hay que demostrarla con hechos”, afirmó.

“No somos ladrones”

El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública puntana. Mientras el Gobierno asegura haber recuperado más del 90% del dinero, ya sea mediante el congelamiento de cuentas o devoluciones voluntarias, la situación legal de la familia sigue siendo incierta. En el centro de la escena, Verónica Acosta insiste: “No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”.

El caso quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si ratifica o revoca las medidas dispuestas por la jueza. Mientras tanto, seis personas, incluidos niños y personas con discapacidad, enfrentan la amenaza de la prisión por un error que no cometieron.