El Salvador inicia juicio a 500 líderes de la Mara Salvatrucha

Un tribunal en El Salvador llevó a cabo una audiencia virtual que abrió el juicio contra 492 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de más de 37.000 delitos que se habrían cometido durante la última década.

Las acusaciones incluyen homicidios, desapariciones de personas, extorsiones y tráfico de armas, según informó la Fiscalía del país centroamericano.

La oficina del fiscal general reportó que los presuntos líderes de la MS-13 estaban implicados en 37.402 delitos desde 2012 hasta 2022, abarcando homicidios, desapariciones, extorsiones, tráfico de armas y tráfico de personas.

La MS-13, una de las organizaciones criminales más violentas de El Salvador, se originó en las prisiones del país en las décadas de 1990 y 2000 después de que sus fundadores fueran deportados desde Estados Unidos.

En un video, Max Muñoz, subdirector de la Fiscalía Contra el Crimen, detalló que los presuntos líderes de la banda criminal también fueron acusados de “rebelión en detrimento del sistema democrático”, al intentar controlar parte del territorio del país y de “cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y mantener un grupo armado para lograr estos fines”.

El funcionario de la Fiscalía expresó que en el proceso judicial se definirá la situación jurídica de los imputados, luego de una investigación que se prevé se realice en los próximos meses, e indicó que se pedirán condenas a las penas máximas por cada delito.

La audiencia tuvo lugar después de que el presidente Nayib Bukele anunciara su victoria en las elecciones del 4 de febrero, atribuida a su enérgica represión contra las pandillas violentas.

Juicios masivos en medio de aumento de la represión a pandillas

En 2023, el Congreso de El Salvador aprobó una ley que permitió juicios simultáneos para hasta 900 personas acusadas de pertenecer al mismo grupo criminal. Esta medida es parte de la lucha de Nayib Bukele contra las pandillas.

Bukele ya ha encarcelado a 2 % de la población adulta y construido la prisión más grande de las Américas para albergar a decenas de miles de presuntos miembros de pandillas detenidos en los últimos 16 meses, en total ha detenido a más de 75.000 ciudadanos.

La legislación recientemente aprobada también aumenta la pena de prisión para los líderes de pandillas de 45 a 60 años.

El partido Nuevas Ideas de Bukele defendió la medida como una forma de restaurar el orden en el país y eliminar a las bandas criminales. La ley fue aprobada con 67 votos a favor y seis en contra en el Congreso.

A pesar de que Bukele ha ganado altas calificaciones de aprobación en América Latina por su enfoque duro contra la criminalidad, hay críticas que sugieren que está socavando los principios democráticos al dejar de lado los controles y equilibrios de los poderes del Estado.

Actualmente no se ha hecho público un plan a largo plazo para mejorar las condiciones carcelarias.

Por otro lado, la detención de visitantes extranjeros inocentes, basada en tatuajes o la residencia en barrios pobres, se ha vuelto más común, según informan organizaciones de derechos humanos y abogados locales.

El país, bajo escrutinio por abusos en la lucha contra las pandillas

Las autoridades de El Salvador han sido objeto de críticas por parte de Amnistía Internacional debido a presuntos abusos sistemáticos de los derechos humanos a ciudadanos durante la intensificación de la represión contra pandillas.

Según el informe publicado por Amnistía Internacional, el Gobierno de El Salvador, encabezado por Bukele, ha cometido abusos como torturas, señala también muertes en prisión.

La organización sostiene que el estado de emergencia declarado por el presidente ha dado lugar a violaciones generalizadas de los procesos penales.

Ruth Elonaro López, abogada de la organización Cristosal, un grupo de derechos humanos salvadoreño, destaca que el estado de emergencia ha eliminado la necesidad de pruebas para detener a las personas, lo que ha llevado a detenciones arbitrarias y largos periodos de encarcelamiento sin pruebas sustanciales.

El Salvador ha extendido hasta el presente el estado de emergencia, otorgando al Gobierno facultades para realizar arrestos, acceder a comunicaciones privadas y privar a los ciudadanos de su derecho a un abogado.

El Gobierno argumenta que la lucha contra las pandillas ha proporcionado seguridad a la población salvadoreña, pero sus críticos insisten en que el alto costo en derechos humanos no es la solución a los desafíos que enfrenta el país.

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