El Salvador extiende una vez más el régimen de excepción para combatir a las pandillas
El Congreso salvadoreño aprobó el miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción que suspende tres derechos constitucionales, como parte de la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para continuar combatiendo a los grupos criminales que por más de tres décadas han aterrorizado a la población.
La 44a. prórroga, que estará vigente hasta el 1 de diciembre, se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS, votó en contra. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se retiraron a la hora de votar.
Después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó un estado de excepción que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
¿Qué contiene la nueva prórroga?
Señaló que mediante labores de inteligencia y el monitoreo de las redes sociales, se ha detectado la utilización de gestos, señales y formas de comunicación asociados a pandillas por parte de menores de edad.
Agregó que “el involucramiento de estos menores no se limita a dichas manifestaciones simbólicas, sino que incluye participación en procesos de comunicación, coordinación de acciones ilícitas mediante el uso de tecnología y redes sociales”.
En el 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas, incluyendo la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, como grupos terroristas.
Llegada de Bukele
Con la llegada de Bukele al poder, el Congreso también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.
También reformó la Ley Penal Juvenil para establecer que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años de prisión cuando un menor ya haya cumplido 12 años.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades han detenido más de 89.900 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas.
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
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