EEUU desclasifica documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy

El gobierno de Biden publicó una serie una de documentos secretos que algunos historiadores, y teóricos de la conspiración, esperan que arrojen luz sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963.

La publicación de casi 1.500 documentos aún deja más de 10.000 parcialmente redactados o retenidos por completo.

Se espera que esta publicación prolongue el amargo debate entre el gobierno federal y los investigadores de John F. Kennedy, que han argumentado que la CIA, el FBI y otras agencias de seguridad nacional han obstaculizado continuamente la publicación ordenada por el Congreso.

Los investigadores más veteranos de JFK afirman que la publicación probablemente no incluye una prueba irrefutable que cambie sustancialmente la comprensión pública de las circunstancias que rodearon la muerte de Kennedy, ni tampoco, según los historiadores, es probable que exista alguna otra.

Sin embargo, para muchos legisladores y defensores de la transparencia, la publicación de los documentos tiene que ver con el restablecimiento de la fe en el funcionamiento del gobierno.

Las encuestas públicas demostraron desde hace tiempo que la mayoría de los estadounidenses no creen en la conclusión oficial de la Comisión Warren de que Kennedy fue asesinado por un solo hombre, Lee Harvey Oswald, actuando solo.

“Debido a que el gobierno tardó tanto tiempo en sacar estos registros, no importa lo que salga, nadie va a creer que eso es todo”, dijo un funcionario familiarizado con las preocupaciones de clasificación relacionadas con los documentos.

En octubre, el presidente Joe Biden retrasó la publicación de los documentos para “protegerlos de un daño identificable para la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducción de las relaciones exteriores que sea de tal gravedad que supere el interés público de la divulgación inmediata”.

Estableció dos plazos: miércoles, para que los documentos que las agencias de seguridad nacional no hayan propuesto sean retenidos, y el 15 de diciembre de 2022, para que los documentos restantes sean sometidos a una rigurosa revisión de seguridad y luego sean divulgados.

Algunos defensores de la transparencia sostienen que otra presentación que se espera que haga el gobierno este miércoles será más significativa que la publicación de documentos programada. Y, de hecho, es un paso importante hacia la transparencia.

Las agencias que deseen seguir reteniendo determinados documentos más allá de diciembre de 2022 deberán proporcionar a la Casa Blanca “un índice no clasificado en el que se identifiquen, para cada uno de esos registros, las razones por las que la agencia propone seguir aplazando la información de ese registro”, según la orden de Biden de octubre.

Esa medida dictaba que esos índices debían hacerse públicos junto con los documentos restantes en 2022.

“El memorándum del presidente Biden refuerza las estrictas normas que estableció el Congreso y obliga a las agencias a seguir un calendario estricto y un proceso bien estructurado”, dijo en un comunicado Ezra Cohen, presidente de la Junta de Desclasificación de Interés Público (Pidb, por sus siglas en inglés), un panel asesor bipartidista cuyos miembros son nombrados por el presidente y el Congreso.

“La expectativa de la Pidb es que, dentro de un año, la mayoría de los registros actualmente retenidos sean desclasificados y estén disponibles para el público”.

No están de acuerdo

Pero incluso antes de la publicación, los investigadores de asesinatos más veteranos expresaron su frustración con el enfoque gradual del gobierno de Biden.

Larry Schnapf, abogado e investigador de asesinatos, anunció el martes por la noche su intención de demandar a Biden por no hacer públicos los registros en su totalidad.

Schnapf demandó anteriormente por las comunicaciones internas del gobierno que sustentan la decisión detrás de los sucesivos aplazamientos tanto del expresidente Donald Trump como de Biden.

“Buscaremos una orden judicial que ordene al presidente liberar los registros restantes o revelar el daño identificable específico que plantea cada documento que se busca posponer y cómo ese supuesto daño supera el fuerte interés público en la liberación de estos registros, que se suponía que debían haber sido liberados el 26 de octubre de 2017”, escribió Schnapf en un correo electrónico a los periodistas el martes.

Dado que muchos de los documentos en cuestión se refieren a actividades encubiertas de inteligencia de la Guerra Fría, hay razones teóricamente legítimas por las que la información clasificada que data de la década de 1960 debe ser retenida, dijo el historiador de la CIA David Priess.

Es “cada vez más improbable”, pero “posible”, que una fuente de la CIA de esa época siga viva y corra el riesgo de ser revelada, dijo Priess.

“Podría ser que haya una fuente por ahí que todavía esté en el poder o que todavía esté conectada directamente con alguien que sería peligroso para la recolección de inteligencia de hoy”, dijo Priess.

“Ahora bien, hay que equilibrar eso con el interés histórico y el interés público imperioso en este caso”, apuntó.

En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Recogida de Registros del Asesinato de John F. Kennedy, en parte impulsada por el furor causado por la película conspiranoica de Oliver Stone “JFK”.

La ley dictaba que todos los registros del asesinato debían ser divulgados públicamente antes de octubre de 2017, pero Trump y ahora Biden han permitido múltiples aplazamientos por consejo del FBI, la CIA y otras agencias de seguridad nacional.

Al final, Trump publicó decenas de miles de documentos, la mayoría de los cuales incluyen al menos algunas redacciones.

Más del 90 % de los registros ya han sido publicados, según los Archivos Nacionales: 15.834 documentos que han sido divulgados previamente pero que incluyen redacciones y 520 documentos que han sido retenidos en su totalidad.

La mayoría de esos documentos son registros fiscales, según los Archivos, incluyendo las declaraciones de impuestos de Oswald.

Estos registros están específicamente exentos de la ley de registros de JFK.

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