Según las cifras policiales, los secuestros también se dispararon, al pasar de 40 el año pasado a 122 en el actual, mientras que las muertes violentas de menores de edad se incrementaron de 204 a 342. Por su parte, las extorsiones —según los datos hasta septiembre— sumaban 5.930, frente a las 3.188 reportadas en 2022.
Explicó que en el país operan unas 1.500 bandas que se especializan en diversos tipo de delitos y que son subsidiarias de aquellas que forman “una red global del crimen”, articuladas a grandes organizaciones mundiales como los cárteles de las drogas mexicanos, las mafias de Italia o los comandos de Brasil.
El director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, Luis Córdova, dijo a la AP que ante estas cifras en rojo el Estado ha dado una respuesta “errónea” por la “carencia de comprensión del fenómeno que enfrentamos”.
De acuerdo con su análisis, la violencia sigue creciendo por “un efecto de contagio y el enorme arraigo social” del fenómeno de la criminalidad.
El primero implica, según Córdova, que mientras el gobierno insiste en contrarrestar el crimen con más policías y militares en zonas peligrosas, “las estructuras van migrando a otros espacios y van colonizando territorios”.
El segundo, significa que “la violencia criminal se está reproduciendo socialmente”, como un “mecanismo de legitimación” de quienes han sido marginados, excluidos por el Estado y por la economía formal, agregó.
“Hay un ejército de niños y adolescentes que ni estudian ni trabajan” y a los cuales las bandas les brindan un “territorio emocional, tejen lealtades” y les dan un sentido de pertenencia, expuso el investigador. Ante ello el Estado debe responder con políticas de inclusión social, cultural y deporte, añadió.
Mencionó a la ciudad de Durán, donde los homicidios pasaron de 119 en 2022 a 407 en 2023. Esta ciudad conforma la zona 8, la más peligrosa del país, junto a Guayaquil, Samborondón y Daule, donde las muertes violentas casi se duplicaron: de 1.446 en 2022 a 2.560 al final de este año.
Durán, Daule y Samborondón colindan con Guayaquil por cuyos puertos las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico trafican grandes cargamentos de drogas. Al cierre de 2023, se habían incautado 211 toneladas de drogas, frente a las 201 del 2022, según las autoridades.
Según estimaciones de Carrión, desde territorio ecuatoriano salen casi 850 toneladas al año como resultado de un incremento en la producción en Perú y Colombia, que son países fronterizos.
El gobierno del presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder a finales de noviembre con un mandato de transición de año y medio para completar el período de Guillermo Lasso, prometió el plan “Fénix” para combatir al crimen organizado y la delincuencia, pero según los analistas aún no se han visto resultados concretos.
