Ecuador: Acusan a 6 detenidos por el asesinato de excandidato presidencial

La fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo presentó durante la audiencia preparatoria de juicio su dictamen acusatorio contra seis detenidos que están procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El crimen conmocionó al país hace más de seis meses.

Villavicencio fue asesinado por sicarios el 9 de agosto de 2023, después de asistir a un mitin en un coliseo en el norte de Quito. El hecho ocurrió pocos días antes del debate presidencial y la primera vuelta electoral.

Luego de tres diferimientos, finalmente la audiencia preparatoria de juicio por el crimen de Villavicencio se instaló este martes, en medio de fuertes medidas de seguridad en el Complejo Judicial Norte en Quito.

CNN constató que miembros de fuerzas especiales de la Policía, escoltas y personal antiexplosivos se concentraron desde temprano en las instalaciones para vigilar el orden y la seguridad de los asistentes.

La audiencia contó con la presencia de Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio, y se desarrolló de forma híbrida, pues algunas personas participaron presencialmente y otras lo hicieron de manera virtual.

Sicariato

La orden y coordinación del asesinato salió de la cárcel de Latacunga, según la Fiscalía.

La fiscal que lleva el caso, Ana Hidalgo, indicó que tras el levantamiento de evidencias como videos, conexiones telefónicas, rastreo de lugares, perfiles genéticos, informes de inspección ocular técnica, partes policiales, cruces de chats y conversaciones, se logró determinar que la orden del asesinato de Villavicencio salió de la cárcel de Latacunga ―ubicada a una hora y media de Quito―, desde donde operan miembros de la banda delictiva Los Lobos, a la que pertenecen algunos procesados por este crimen.

“Los mensajes eran enviados por el procesado Carlos Angulo a Johan Castillo, uno de los involucrados en el crimen, que murió ese mismo día”, dijo.

La fiscal sostuvo que la coordinación con los sicarios para ejecutar el asesinato salió de la celda de Carlos Angulo, alias “Invisible”, quien estaba detenido en esa cárcel, una de las más importantes y conflictivas del país.

Hidalgo aseguró que, tras el cotejamiento morfológico e inspección de la celda de Angulo, la Fiscalía determinó que fue desde allí donde se ordenó el asesinato. Angulo es considerado por la Fiscalía uno de los principales implicados en el crimen, como autor mediato.

Gastón Toro, abogado de Angulo, pidió la nulidad del proceso por considerar que hubo irregularidades y puso en duda la información obtenida en los celulares incautados tras el asesinato.

Toro no precisó en la audiencia si su defendido se declara culpable o no del crimen y habrá que esperar a escuchar sus argumentos si Angulo es llamado a juicio.

Por otra parte, la fiscal Hidalgo acusó a Laura Castillo como coautora del asesinato, al asegurar que estuvo encargada de proporcionar la logística y la información sobre los lugares donde Villavicencio se encontraba. Castillo también fue identificada por la Fiscalía como miembro de la banda de Los Lobos.

Castillo permanece detenida y su abogado insistió en que hubo presuntas irregularidades en el proceso.

Tampoco detalló si su defendida tuvo algún grado de participación en el hecho. Laura Castillo, según la Fiscalía, se reunió previamente con los sicarios y les proporcionó la movilización a los sicarios para el crimen con motos y vehículos, así como armas, municiones, gorras y camisetas con logos del movimiento político de Villavicencio.

Mientras que los otros cuatro procesados fueron acusados por la Fiscalía como cómplices por presuntamente enfocarse en la vigilancia y planificación del crimen.

Tras sustentar su acusación, la fiscal Hidalgo pidió a la jueza Irene Pérez llamar a juicio a los seis detenidos por el crimen.

Piden nulidad

Los abogados de cuatro de los seis procesados en este caso solicitaron la nulidad de todo lo actuado en este caso, por considerar que hubo errores en la cadena de custodia de un celular, al señalar violación al ejercicio de la defensa de los implicados, así como una inconsistencia en la denominación de un código de un celular.

Sin embargo, la jueza desechó los pedidos de los abogados de los procesados y resolvió que no hay vicios formales que puedan afectar el procedimiento, procedibilidad y competencia en que se sustenta la acusación fiscal. Pérez declaró la validez de todo lo actuado hasta la presente fecha en este caso.

Tras el asesinato de Villavicencio fueron procesadas 13 personas inicialmente, pero siete de ellas fueron asesinadas entre el 6 y 7 de octubre de 2023 en dos cárceles de Ecuador, donde estaban detenidas.

La jueza Pérez resolvió este martes la extinción de la acción penal en contra de los muertos, por considerar que sus decesos fueron confirmados por las autoridades ecuatorianas y colombianas (pues seis de ellos eran de nacionalidad colombiana).

“Fue algo terrible, no lo puedo superar”

Patricia Barragán, amiga y simpatizante de Villavicencio, acudió a la audiencia preparatoria de juicio. Ella forma parte de las víctimas secundarias del crimen.
A su ingreso a la audiencia, Barragán compartió a la prensa algunos detalles del día del crimen de Villavicencio, tras el evento de campaña.

“Yo estuve todo el tiempo detrás de Fernando, estuve desde que intervino, luego subí a la tarima, bajamos y yo salí detrás de él porque tenía un pedido que hacerle. Fernando me dijo: ‘Paty, dame cuatro minutos’. Solo regresó y me dijo: ‘Paty, espérame un momento’, pero ya, la gente se aglomeró, salimos y llegué hasta la puerta de la camioneta donde entró Fernando y empezaron los disparos”, relató.

Barragán señaló que espera justicia y verdad en torno a la muerte de su amigo, al asegurar que esto afectó a su entorno y conmocionó al país.

“Fue algo terrible, algo que hasta ahora no puedo superar. He tenido que ir a muchas terapias psicológicas, fueron muchos disparos, fue un momento aterrador, algo que uno no puede creer todavía, por un hombre tan valiente, tan justo, por un hombre que quiso solamente la verdad en este país”, enfatizó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció en septiembre una recompensa de U$ 5 millones por información que lleve al arresto y condena de los responsables del asesinato de Villavicencio, y U$ 1 millón por información que conduzca a identificar o localizar a cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo responsable de la muerte de Villavicencio.

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