Dimite el fiscal jefe de delitos electorales de EE.UU.
El fiscal principal del Departamento de Justicia de EE.UU. que supervisa los delitos electorales, Richard Pilger, abandonó su cargo el pasado 9 de noviembre, según escribió en un correo electrónico interno filtrado a medios estadounidenses.
Esta renuncia se produjo horas después de que el procurador general de EE.UU., William Barr, autorizara a los fiscales federales de su país a examinar alegaciones sobre irregularidades en las presidenciales del 3 de noviembre antes de que los estados certifiquen los resultados de esa votación.
Pilger, fiscal de carrera en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, aseguró que se vio obligado a tomar esa decisión tras conocer los detalles de “la nueva política” de Barr “y sus ramificaciones”.
Este representante del ministerio público estadounidense detalló que la nueva medida abroga “la política de 40 años de no injerencia para las investigaciones de fraude en las boletas electorales en un periodo anterior a que las elecciones se certifiquen y no impugnen”.
Richard Pilger también indicó que planea pasar a un puesto no supervisor relacionado con juicios por corrupción, aunque no aclaró si permanecerá en el mismo departamento.
Barr esbozó este cambio de política en un memorando con el que autorizó a los fiscales federales a investigar “denuncias sustanciales de irregularidades en la votación y la tabulación de votos” que pudieran sugerir un fraude electoral durante los últimos comicios.
El fiscal general de EE.UU. especificó que las investigaciones se podrán llevar a cabo solo si hay “alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado individual” e instó a no dar curso a denuncias “engañosas, especulativas, fantasiosas o descabellados”.
Here is the email that Richard Pilger sent out to his colleagues before resigning this evening. pic.twitter.com/ghJJEVEf71
— Jon Hansen (@JonHansenNews) November 10, 2020
¿Qué dice la ley?
Las directrices electorales del Departamento de Justicia de EE.UU. prohíben a los fiscales federales tomar medidas abiertas (interrogaciones a testigos o solicitación de citaciones para documentos) para lanzar una investigación criminal sobre cualquier asunto relacionado con las elecciones hasta después de que se hayan certificado los resultados de la votación.
El objetivo de esas normas es evitar que se conozca la existencia de una investigación e influya en los votantes o en los funcionarios electorales que deben garantizar la integridad de los resultados.
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