Destitución de jueces en El Salvador enciende alarmas sobre autoritarismo de Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició este fin de semana lo que denominó una “limpieza de casa”, destituyendo, con el apoyo del Congreso, a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”, todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

“Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”, agregaron.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa unicameral, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

El presidente ha tenido duros calificativos contra ellos y los acusó de no permitirle cuidar de la vida de sus compatriotas.

“¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco [los magistrados], pero no soy un dictador”, ironizó Bukele en agosto pasado.

Este domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó la “grave preocupación” de su país por la destitución de magistrados“y señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken,“lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador“.

El secretario Blinken destacó asimismo el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, incluso “reforzando las instituciones democráticas y la separación de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil vibrante”.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que“cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.

Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.

“Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, advirtió en tanto el director ejecutivo para las Américas de la oenegé Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

El sábado por la noche, Bukele se mostró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero aclaró: “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”.

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