Denuncias por acoso sexual golpean a la política en Colombia

El acoso y la violencia sexual en la política colombiana se han vuelto un tema central del debate público. Desde la primera semana de enero han sido acusados congresistas, un potencial embajador en los Emiratos Árabes, e incluso el secretario de la Presidencia de Colombia.

Se trata de múltiples denuncias, aunque todas anónimas por ahora, porque las mujeres que señalan temen las represalias de los hombres que manejan la política en Colombia, apuntó El País.

Un particular caso de Me Too, sin rostro, que ha preocupado al Gobierno colombiano.

“El presidente Gustavo Petro ha solicitado una investigación interna sobre los hechos ocurridos en el Congreso de la República, tanto en la legislatura actual como en las anteriores”, expresó un comunicado de la Casa de Nariño.

De acuerdo con el relato anónimo de una mujer, cuando ella buscó empleo en el capitolio, Lizcano intentó besarla a la fuerza durante la entrevista de trabajo.

Cuando ella se negó, él le dijo: “Si quiere el trabajo, esta es la manera”.

Lizcano ha respondido que la información es falsa e invita a esta mujer a que haga la denuncia formal para que haya una investigación pertinente.

La nueva investigación interna que anunció el presidente Petro será dirigida por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, ante una “comisión accidental especial” que puede indagar en los casos de acoso y violencia sexual en el Congreso.

Antes de la denuncia a Lizcano, como explica la senadora Pizarro, las acusaciones de acoso y violencia sexual en el Congreso de la República se han multiplicado en los medios de comunicación, con testimonios anónimos que aún no mencionan el nombre de los legisladores.

Todo comenzó con una entrevista al exsenador Gustavo Bolívar, guionista de telenovelas y político cercano al presidente Petro.

La revista Semana contó, a principios de enero, que cuatro mujeres fueron a la oficina de Gustavo Bolívar y le contaron cómo eran explotadas sexualmente por varios senadores.

“Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses”, contó Bolívar.

El contrato solo se renovaba si ellas accedían a los actos sexuales.

El Congreso no puede realizar juicios penales, a los congresistas solo los puede juzgar la Corte Suprema de Justicia. Pero la nueva comisión que liderará la senadora Pizarro sí puede investigar lo que ha ocurrido en el capitolio y remitir las denuncias.

En las últimas semanas ha quedado claro que hay muchas mujeres en el legislativo mordiéndose la lengua pero que temen ir a las autoridades.

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