Cruz Roja cesa sus actividades en Nicaragua por orden del gobierno

El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) anunció la salida de su misión humanitaria de Nicaragua, una decisión que atribuyó a una solicitud de autoridades del país.

“Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Cicr ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país”, dijo la organización no gubernamental en un comunicado.

De acuerdo con el Cicr, el Gobierno de Nicaragua le dio autorización para operar en el país en 2018 y, desde entonces, su trabajo se enfocó en tres áreas: “apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de Restablecimiento del Contacto entre Familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos”, dice el comunicado.

El Cicr dijo que su delegación regional en México y Centroamérica tiene disposición al diálogo para reanudar su misión en Nicaragua.

La salida de la Cruz Roja de territorio nicaragüense se da a finales de un año en el que el Gobierno de Daniel Ortega expulsó del país a más de 200 de sus ciudadanos –entre los cuales figuran políticos, empresarios, activistas y periodistas– a los que declaró traidores a la patria, y retiró la personalidad jurídica a decenas de organizaciones civiles, entre otras acciones contra quienes considera opositores al régimen.

En mayo pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la derogación del decreto 357, por el cual se creó la Cruz Roja en 1958, y al mismo tiempo promulgó una ley que dio vida a una sucesora legal de esa organización, pero adscrita al Ministerio de Salud.

Según la exposición de motivos de ese decreto, la Cruz Roja transgredió sus normas porque no actuó de forma neutral e imparcial durante las protestas contra el Gobierno en 2018.

Con la ley, el Estado confiscó todos los bienes de la Cruz Roja, que pasaron a la administración del nuevo ente descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de Nicaragua.

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