Cristina Fernández se defendió en juicio y calificó de “increíbles mentiras” las acusaciones

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó el viernes que han salido a la luz las “increíbles mentiras” de los fiscales que pidieron para ella una condena de 12 años de cárcel en el juicio en el que está acusada de presunta corrupción y solicitó al tribunal que investigue el proceder de los procuradores.

“Quiero hacer un formal pedido al tribunal para que al finalizar las audiencias se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con las pruebas periciales y testimoniales que tuvo este juicio”, dijo la expresidenta (2007-2015) al ejercer su defensa durante una audiencia efectuada de forma virtual.

Los fiscales pidieron en agosto una condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato unas 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado de la provincia sureña de Santa Cruz.

También la acusaron de una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares a raíz de esas supuestas maniobras irregulares.

Los presuntos desmanejos en la adjudicación de obras también se habrían producido durante el mandato de Néstor Kirchner, el fallecido esposo y antecesor de la dirigente peronista que gobernó entre 2003 y 2007, según los fiscales.

La vicepresidenta, quien tiene derecho como abogada a ejercer su propia defensa, intervino en la audiencia judicial 22 días después de haber sido víctima de un fallido atentado en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires por el que cuatro personas, entre ellas el hombre que gatilló contra la dirigente peronista sin que la bala saliera, están detenidas.

Fernández de Kirchner cuestionó que la acusación de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó obras “no tiene ni pies ni cabeza y es inconstitucional, antirrepublicana y antifederal”.

Al respecto indicó que “un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”.

También cuestionó que durante el juicio los fiscales usaron “como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento” que dieron luz verde al presupuesto para las obras.

“Han traído de los pelos este juicio porque a la que tenían que traerme de los pelos era a mí y para eso trajeron de los pelos a la constitución, al Código Civil, a la jurisprudencia, al sentido común, a todo”, sostuvo la vicepresidenta.

Por otro lado, la dirigente peronista aludió al frustrado atentado que sufrió el 1 de septiembre y sostuvo que a partir de esa fecha se dio cuenta de lo indefensa que ha estado en distintas ocasiones.

“Así como vamos, vamos mal. La Argentina no sale con este Poder Judicial. ¿Yo, impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila”, afirmó durante su interpelación a los jueces del tribunal.

Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de pena contra ella. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.

La vicepresidenta afirma que las acusaciones de las que es objeto en este y otros procesos fueron armadas por opositores en connivencia con sectores del Poder Judicial para perseguirla políticamente, argumento que sostiene todo el oficialismo, incluido el presidente Alberto Fernández.

En la causa sobre el supuesto direccionamiento de obras, iniciada en 2016, se investiga si hubo licitaciones manipuladas, sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.

Pero la defensa de la exmandataria sostuvo en las últimas jornadas que las pruebas presentadas por los fiscales son falsas y sus imputaciones han quedado “fulminadas” por las declaraciones de testigos, contadores, peritos e ingenieros durante casi tres años de juicio oral.

Carlos Belardi, abogado de la exmandataria, dijo que su defendida “jamás impartió ninguna directiva vinculada” a las 51 obras adjudicadas a las empresas de Báez.

El letrado dijo que “no existe una obligación de control” sobre las obras viales por parte de la presidencia porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico.

También afirmó que no existen elementos de prueba que indiquen que el Estado hubiera pagado trabajos no realizados.

En caso de ser condenada Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales en un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023 hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.

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