Cristina Fernández comparece en juicio

La expresidenta argentina Cristina Fernández dijo el martes ser víctima de prácticas mafiosas de la justicia “nunca antes vistas” al defenderse en el juicio en el que está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales.

“Estamos ante una causa en la que el juez y el fiscal de instrucción son directamente mafiosos”, dijo Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, al declarar como imputada ante los tres jueces del tribunal.

La líder peronista, de 73 años, compareció en condición de detenida ya que se encuentra en prisión domiciliaria por la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que comenzó a cumplir en junio tras ser hallada culpable de administración fraudulenta mientras ejerció su gestión.

Según la líder del peronismo opositor, la causa por la que se le juzga desde noviembre “ha desalojado del podio” de la “persecución política” a la que derivó en el encierro en su departamento en Buenos Aires por el direccionamiento de unas 50 obras viales a un empresario allegado mientras era presidenta.

Acusaciones

En una encendida defensa, la exmandataria arremetió contra el juez de la causa que la tiene sentada de nuevo en el banquillo de los acusados —el fallecido Claudio Bonadío— y contra el fiscal Carlos Stornelli. Los acusó de “fraguar pruebas” y otras medidas que llevaron a una “oleada detenciones para chantajear a empresarios y extorsionarlos para decirles que tienen que declarar en contra de Cristina”.

“Me pueden dar 15, 20 años (de cárcel)… me puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, dijo la también exvicepresidenta (2019-2023), que acusó al gobierno del ultraderechista Javier Milei de haber conspirado con la justicia para apartarla del escenario político.

Luego se negó a contestar preguntas de los jueces argumentando que lo haría si al fiscal Stornelli lo llaman a declarar para dar cuenta de “barbaridades” que habría cometido.

Tras ello, se retiró a su domicilio para cumplir con el arresto, donde la recibieron cientos de seguidores que la vitorearon. La expresidenta se subió al estribo del automóvil en el que se le trasladó por su custodia y los saludó.

Las imputaciones

La exmandataria está señalada de haber sido la jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, lo que también comprende el gobierno de su marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.

También está acusada de ser coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno, y de ser partícipe necesaria en una ocasión.

“¿Dónde está toda esa plata?”, cuestionó Fernández, quien sostuvo que por mucho que la justicia rastreó en sus propiedades no encontró el dinero proveniente de los presuntos sobornos.

Según la investigación judicial, esos pagos los habrían realizado decenas de empresarios para conseguir obras públicas en distintas áreas como la construcción, la energía y el transporte.

Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohechos pasivos se castigan con hasta 6 años de cárcel.

Otros involucrados

Junto a Fernández también se juzgan otros 19 exfuncionarios y 65 empresarios.

Stornelli centró la pesquisa en los cobros que Óscar Centeno —chofer de un exfuncionario imputado— asentó en ocho cuadernos de anotaciones, registrando los viajes que habría realizado transportando bolsos supuestamente cargados de dinero que se entregaron a distintos empresarios.

Fernández ha señalado repetidamente que los cuadernos son falsos, en referencia a las supuestas adulteraciones que se habrían cometido en los escritos.

La expresidenta está procesada en varias causas judiciales. Próximamente deberá sentarse de nuevo en el banquillo para ser juzgada por el presunto encubrimiento agravado del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994 a través de un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán que habría buscado la impunidad de los iraníes acusados de haberlo planeado.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al canal de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VagwIcc4o7qP30kE1D0

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia