Condenan a gestor de Miami: sobornos relacionados con Pdvsa

Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una confabulación de 1.200 millones de dólares para malversar fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela Pdvsa.

Los fiscales buscaban una sentencia mucho más dura contra Gustavo Hernández Frieri, argumentando que los engañó sobre sus activos y negocios después de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de asociación ilícita para el blanqueo de dinero.

Sin embargo, la jueza Kathleen Williams resolvió a última hora del viernes que el papel de Hernández en la asociación ilícita no justificaba la sentencia de casi 10 años que pedían los fiscales, ya que no estuvo involucrado en el plan original de sobornos.

Sin embargo, la jueza sí reprendió a Hernández por faltar a su promesa, que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad, de ayudar a los fiscales a localizar y confiscar 12 millones de dólares en activos, el equivalente a la cantidad que manejó a nombre de un ejecutivo corrupto de la gigante petrolera Pdvsa.

Hernández es apenas el segundo individuo sentenciado como parte de la operación Money Flight, una investigación importante sobre cómo varios empresarios sobornaron a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para desviar miles de millones de Pdvsa a través de acuerdos falsos de divisas.

Las ganancias fraudulentas se canalizaron a través de empresas fantasma y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ser ocultadas en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.

Los abogados de Hernández argumentaron que él había tenido una vida significativa, dedicada en parte a la filantropía, hasta que un informante que trabajaba bajo la dirección de investigadores federales estadounidenses se le acercó para mover fondos a nombre de Abraham Ortega, un funcionario de PDVSA que aceptó sobornos y quien también se declaró culpable.

Menos del 1% de los 1.200 millones de dólares identificados como parte de la operación Money Flight tocaron alguna vez las manos de Hernández. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, procedían de una cuenta encubierta controlada por el gobierno de Estados unidos. Los abogados defensores también señalaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como muestra de su cooperación.

“Esto no es el núcleo del lavado de dinero”, dijo el abogado defensor Michael Pasano. “Desde la perspectiva del dinero, es un ‘blip’ en la pantalla”.

La jueza Williams reconoció la gran cantidad de cartas que había recibido destacando el trabajo de Hernández en nombre de Techo, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en América Latina. Como vicepresidente de una filial estadounidense del grupo, Hernández amplió drásticamente la capacidad de recaudación de fondos de la organización.

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