Concejal de Doral rechaza redadas migratorias de ICE

El concejal de Doral, Rafael Pineyro, se pronunció públicamente contra las redadas migratorias que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las cuales desataron una ola de pánico entre los extranjeros en la ciudad de mayoría venezolana, que a diferencia de otras épocas luce desolada.

El funcionario exigió a los legisladores federales de Florida una revisión de los operativos que, según denunció, afectan a residentes que cumplen con las leyes locales.

El funcionario, de origen venezolano, calificó las detenciones como un exceso que golpea a familias trabajadoras y personas inmersas en procesos migratorios legales.

En un video difundido a través de su cuenta de Instagram, el concejal republicano fue enfático al describir el impacto humano de los operativos.

“Es algo inhumano, es incorrecto, ya que están atacando a familias, personas trabajadoras, personas que están haciendo lo correcto y que están en un proceso migratorio”, expresó.

Pese a su crítica, Pineyro fue cuidadoso y trazó una línea entre los residentes que cumplen la ley y quienes enfrentan procesos judiciales de expulsión, dejando claro que su reclamo no busca proteger a personas con antecedentes penales.

Sobre este punto específico declaró, “aquellos que tengan orden de deportación o hayan cometido algún delito, no merecen estar acá y creo que todos estamos de acuerdo en ese punto”.

Miedo en el Doral

El concejal, quien emigró desde Caracas a Estados Unidos a los 15 años y construyó su carrera en el sector público del sur de Florida —incluyendo su paso como jefe de Gabinete municipal en 2014—, sostuvo que la presencia constante de patrullas federales en Doral trastorna la rutina comercial y educativa del municipio.

A su juicio, los operativos golpean la economía de los negocios locales, deterioran la calidad de vida de las familias y afectan la asistencia normal de los estudiantes a los centros escolares.

Como parte de sus gestiones, Pineyro detalló envió cartas explicativas a los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como a los senadores Rick Scott y Ashley Moody, acompañadas de un informe elaborado junto a abogados de inmigración sobre los impactos sociales y económicos de las detenciones.

El funcionario cerró su mensaje instando a vecinos y comerciantes a sumar sus propias comunicaciones ante el Congreso, en un esfuerzo por presionar un cambio en la estrategia de seguridad aplicada en la ciudad.

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