Colombia legalizó el suicidio asistido

Es una decisión histórica para América Latina. La Corte Constitucional de Colombia decidió legalizar el suicidio médicamente asistido.

La decisión es consecuencia de un recurso presentado por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), en el que se impugna el segundo párrafo del artículo 107 del Código Penal, que establece penas de hasta varios años de prisión para quien “incite efectivamente a otra persona a suicidarse, o le preste ayuda para su realización”.

“Cuando la incitación o la ayuda tengan por objeto poner fin a un sufrimiento intenso derivado de un daño corporal o de una enfermedad grave e incurable, se incurrirá en una pena de prisión de 16 a 36 meses”, señala el artículo.

Pero el Tribunal revocó este párrafo y optó por descriminalizar el suicidio asistido, siempre que el paciente haya “expresado su consentimiento libre, informado e inequívoco a este fin”, sufra “lesiones corporales o una enfermedad grave e incurable” y esté “sometido a un dolor físico y psicológico incompatible con su sentido de la dignidad”.

La “ayuda para morir” también tendrá que ser prestada por “un profesional de la salud”, ya que el Tribunal consideró que “el médico es quien dispone de las mejores herramientas técnicas, científicas y éticas para garantizar la salvaguarda de la dignidad humana en este procedimiento”.

“El médico que asiste a una persona sumida en un intenso sufrimiento o en una grave enfermedad y que decide libremente disponer de su propia vida está actuando dentro del marco constitucional”, dictaminó el Tribunal.

“Los avances científicos deben utilizarse de forma altruista y solidaria con quienes se encuentran en un estado de salud extremo y desean morir con dignidad”, concluyó.

Un marco estricto y una puesta en práctica que a menudo se ve obstaculizada

Según la Fundación Colombiana por el Derecho a Morir Dignamente (DMD), la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido “radica esencialmente en la persona que administra el fármaco letal”.

“En el caso de la eutanasia, es el personal sanitario el que suministra el medicamento que provoca la muerte, y en el caso del suicidio asistido, es el paciente el que se aplica el producto que el profesional de la medicina le da”, explica la ONG.

Ya había eutanasia

Aunque la eutanasia es legal en el país desde hace 25 años, esta práctica está estrictamente regulada y menos de 200 personas han podido recurrir a ella desde que se legalizó en 1997.

En julio de 2021, el Tribunal Constitucional amplió el derecho a la eutanasia a los pacientes que no tienen una enfermedad terminal, pero que son víctimas de “un intenso sufrimiento físico o psicológico derivado de un daño corporal o de una enfermedad grave e incurable”.

Sin embargo, ya sea para los enfermos terminales o para los que padecen graves sufrimientos, la eutanasia sigue siendo poco frecuente en la práctica.

El pasado mes de octubre, una clínica suspendió el procedimiento de eutanasia de una paciente, Martha Sepúlveda, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un tipo de parálisis progresiva.

La cancelación en el último momento provocó una gran controversia en el país. La comisión médica, que había autorizado la eutanasia, revocó su decisión tras estimar -en referencia a una entrevista televisada dada por Martha Sepúlveda- que ésta se encontraba “en mejor estado de salud que el comunicado inicialmente por ella y por su familia”. Martha Sepúlveda finalmente ganó su caso y fue eutanasiada el sábado 8 de enero.

Con la decisión de legalizar el suicidio médicamente asistido, Colombia se suma a países como Suiza, Países Bajos, Canadá y España.

En otros lugares de América Latina, existe una legislación en México que permite a los pacientes o a sus familiares solicitar que no se prolongue la vida por medios artificiales, mientras que, en Uruguay, el Parlamento está debatiendo un proyecto de ley sobre la eutanasia.

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