Con 180 votos a favor, Colombia fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027, marcando la octava ocasión en que el país ocupa un lugar en este órgano clave de las Naciones Unidas.
Según informó la Cancillería, esta elección representa un reconocimiento al liderazgo diplomático de Colombia y al fortalecimiento de su política exterior bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
El anuncio fue celebrado por la canciller Laura Sarabia, que destacó la importancia de este logro en el escenario internacional.
A través de su cuenta en la red social X, Sarabia expresó: “Colombia logra una nueva victoria en el escenario internacional. Un reconocimiento al liderazgo diplomático de Colombia y al trabajo del presidente Gustavo Petro en el fortalecimiento de nuestra política exterior”.
La elección, que contó con un respaldo casi unánime, posiciona a Colombia como uno de los países latinoamericanos con mayor trayectoria en el Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y diez son elegidos por la Asamblea General para periodos de dos años.
Las decisiones tomadas por este órgano son de carácter obligatorio para todos los Estados miembros de la ONU, y tiene la facultad exclusiva de autorizar el uso de la fuerza para garantizar la paz y la seguridad internacionales.
Colombia no formaba parte de este organismo desde hace 13 años, lo que resalta la relevancia de su regreso en un contexto global marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y desafíos multilaterales.
“Nuestro país no hacía parte de este órgano desde hacía 13 años. Las decisiones del Consejo de Seguridad son “obligatorias” para todos, y a su vez tiene el poder de tomar medidas para hacerlas cumplir siendo el único órgano que puede aprobar el uso de la fuerza”, se observa en el comunicado emitido por la Cancillería.
De acuerdo con la Cancillería, la elección de Colombia al Consejo destaca su papel activo en escenarios multilaterales durante los desafíos de seguridad y crisis humanitaria actuales
De acuerdo con la Cancillería, la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad estará guiada por principios como el respeto al Derecho Internacional, la promoción de los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos.
“Desde el Consejo de Seguridad seguiremos defendiendo la implementación del Acuerdo de paz y defendiendo esos principios de una paz estable y duradera que han regido en nuestra política exterior en los últimos años”, expresó la ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia por medio de un video difundido por dicha cartera.
Estos valores, que han sido pilares históricos de la política exterior colombiana, serán fundamentales para su contribución en la toma de decisiones dentro del Consejo.
“Desde el 1 de enero de 2026, trabajaremos con responsabilidad, promoviendo el Derecho Internacional, los DDHH y la solución pacífica de los conflictos”, dice un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La experiencia de Colombia en procesos de paz también será un elemento clave en su participación en el Consejo. El país fue reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en esta materia, lo que le otorga una perspectiva única para abordar los desafíos globales actuales.
Según destacó la Cancillería, esta elección no solo refuerza el compromiso de Colombia con la paz y la seguridad internacionales, sino que también consolida su posición como un actor relevante en los escenarios multilaterales.
“La elección de Colombia se da en un contexto global marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y desafíos multilaterales, lo que hace que su papel dentro del Consejo sea estratégico para la toma de decisiones desde su experiencia de paz, ya que el país ha sido reconocido internacionalmente en esta materia y será la base de su participación en el organismo”, se agrega en la misiva de la Cancillería.
El mandato de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad comenzará el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante este periodo, el país buscará contribuir activamente a la convivencia pacífica entre las naciones y al respeto por la diversidad, en línea con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.