Colombia: Hallan muerto a cabecilla del Clan del Golfo

Las autoridades colombianas confirmaron el miércoles que fue encontrado sin vida uno de los principales cabecillas que quedaron al mando del cártel Clan del Golfo, luego de la captura y extradición a Estados Unidos del que fuera su máximo jefe Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”.

La policía detalló que el cuerpo fue hallado cerca de Dabeiba, al noreste del país, y luego identificado como Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, conocido como alias “Siopas”, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, es decir, alrededor de un millón de dólares.

El coronel Óscar Cortés Dueñas, comandante del departamento de policía de Urabá, detalló que la identificación del cuerpo se logró mediante impresiones dactilares y biometría.

“Seguimos en toda la investigación para identificar los móviles del homicidio”, indicó Cortés en un video difundido a la prensa.

Alias “Siopas”, de 42 años, delinquió primero en la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y luego se integró por 12 años al Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y actualmente controlaba las acciones criminales en el Pacífico colombiano, agregó el comandante de la policía.

Antes de la captura y extradición de “Otoniel” en 2022, alias “Siopas” era considerado el segundo cabecilla al mando del Clan del Golfo, el más temido grupo narcotraficante en Colombia. Sin embargo, ante la ausencia del capo enfrentaron divisiones internas bajo el mando de alias “Siopas”, Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, y José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”.

El gobierno de Gustavo Petro -primer presidente de izquierda en Colombia- sostiene acercamientos con el Clan del Golfo para buscar su sometimiento a la justicia y desde enero anunciaron un cese al fuego bilateral sin divulgar los protocolos para su verificación.

“Siopas” fue el único de los tres cabecillas que no apareció en la lista de los negociadores a los que el gobierno les intentó suspender las órdenes de captura para poder avanzar hacia su desarme. Aunque el pedido fue negado por la fiscalía, los acercamientos con el cártel continuaron.

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