Colombia: Desplazamiento forzoso de 3 mil personas en las primeras semanas de enero

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) denunció este jueves que unas 3.000 personas en Colombia habrían sido víctimas de desplazamientos forzados en la región del Pacífico durante las dos primeras semanas de enero de 2024, debido al recrudecimiento del conflicto armado interno entre grupos armados irregulares.

La organización humanitaria independiente ―que se dedica a prestar ayuda a las personas que son obligadas a huir de sus territorios―, detalla que las zonas que han reportado la mayor cantidad de desplazamientos forzados masivos son los municipios Olaya Herrera y Samaniego, del departamento de Nariño, al extremo suroeste de Colombia en la frontera con Ecuador.

Según el NRC, los enfrentamientos armados obligaron a huir a más de 3.000 personas solo “en los primeros diez días de enero”. Además, la organización ha tomado en cuenta reportes de varios medios que informaron sobre desplazamientos masivos en el departamento del Valle del Cauca, al suroccidente colombiano, motivo por el que piden a las autoridades locales intensificar el apoyo a las víctimas en las zonas afectadas por el conflicto.

Giovanni Rizzo, director nacional de NRC en Colombia, dijo estar “profundamente preocupado por los miles de hombres, mujeres y niños” que habitan en zonas remotas del país, y que se ven obligados a enfrentar “nuevas oleadas de desplazamiento, violencia y confinamientos forzosos” desde principios de 2024.

“Hacemos un llamado a las autoridades, en particular a los alcaldes y gobernadores recién nombrados de la región del Pacífico, a que cumplan con su obligación de brindar ayuda a todas las víctimas del conflicto armado”, indica el activista.

Bajo confinamientos forzados

De acuerdo con los datos recabados por el NRC, con base en informes preliminares de autoridades locales, medios, líderes comunitarios y de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha, por sus siglas en inglés), en los primeros 15 días de 2024, la escalada del conflicto armado obligó a otras 10.000 personas a permanecer confinadas en sus hogares.

La mayor cantidad de afectados se encuentra en el departamento del Chocó, donde “más de 9.000 personas” son víctimas de ese flagelo “desde noviembre de 2023”, a causa de enfrentamientos armados y amenazas de muerte contra civiles, método utilizado por grupos armados para controlar territorios explicó la organización humanitaria.

Otra situación “preocupante” se registra en el municipio Jurado del departamento de Chocó, en la costa Pacífica norte limítrofe con Panamá. Según advierte el organismo, en esa localidad habrían más de 1.000 personas obligadas a confinarse.

Desplazamientos forzados en 2023

Según datos de Ocha Colombia, en 2023, casi 105.000 personas fueron afectadas directamente por el conflicto armado colombiano “en 161 eventos de emergencia masivos”. Esa misma cantidad de víctimas se vieron obligadas a “desplazamientos individuales”.

Esta situación, advierte la oficina de la ONU, muestra una tendencia actual que sugiere “la continuación de las emergencias masivas y las necesidades humanitarias conexas” para 2024.

A pesar de esta preocupante realidad, la Ocha destaca que desde la toma de posesión del gobierno de Gustavo Petro ―hace más de un año―, el Ejecutivo ha logrado “importantes avances en materia de políticas” y “ha demostrado un compromiso proactivo para promover los esfuerzos de ‘Paz Total’.

Entre estas medidas gubernamentales efectivas, están la promoción de “diálogos y ceses del fuego” con algunos grupos armados irregulares, como los acordados con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias Farc, conocidas como “Estado Mayor Central” (EMC-Farc).

“A pesar de estos encomiables esfuerzos, Colombia todavía enfrenta desafíos humanitarios persistentes y superpuestos —particularmente en áreas donde la presencia y la capacidad del Estado son más limitadas—que surgen del impacto geográfico en expansión del conflicto armado interno, su intensificación en algunas áreas y los desastres en curso”, indica organismo.

La Ocha también señala que aunque “se han observado algunos avances en algunas áreas, en términos de reducción de la violencia derivada de los enfrentamientos armados en el contexto de los acuerdos de alto el fuego”, todavía “persisten preocupaciones” con respecto a delitos de los grupos irregulares relacionados al control territorial y social como son: el reclutamiento de niños, secuestros, contaminación por minas terrestres, desplazamientos, violencia de género, restricciones de movilidad y restricciones de acceso.

Al respecto, el director de NRC considera que lo primordial, en esta situación, es garantizar “la esperanza de paz entre las comunidades que luchan por vivir una vida normal, libre de violencia”, a través de la “implementación de los acuerdos dentro del actual proceso de paz, incluido un compromiso firme para defender el respeto al derecho internacional humanitario”.