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Caso en Brasil alerta sobre la defensa legal de venezolanos presos
El procedimiento se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía Penitenciaria y la Policía Civil de Roraima.
Cortesía | Venezolanos deben estar atentos a la ayuda que reciben.
Las autoridades del estado Roraima, en Brasil, informaron la detención de una mujer identificada como JPC, quien fue sorprendida ejerciendo de manera irregular funciones de defensa legal en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en Boa Vista.
De acuerdo con la Secretaría de Estado de Justicia y Ciudadanía (Sejuc), la detenida utilizaba un carné de pasante cancelado y presuntamente falsificado para representar a personas privadas de libertad, entre ellas ciudadanos venezolanos vinculados a organizaciones criminales.
El procedimiento se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía Penitenciaria y la Policía Civil de Roraima.
Durante la actuación, se incautaron notas presuntamente dirigidas a internos, halladas tanto en el vehículo como en la vestimenta de la mujer, lo que derivó en su detención en flagrancia por los delitos de asociación delictiva y falsedad ideológica.
El caso fue remitido a las instancias judiciales correspondientes.
Más allá de la investigación penal, el hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de personas migrantes y extranjeras privadas de libertad.
Esto afecta, en especial, venezolanos, quienes suelen enfrentar mayores barreras de acceso a representación legal adecuada fuera de su país de origen.
Organismos de derechos humanos han advertido que la falta de defensores debidamente acreditados puede traducirse en vulneraciones al derecho a un juicio justo y a la protección judicial efectiva.
Inhabilitada legalmente
La Orden de Abogados de Brasil, seccional Roraima, aclaró que JPC no se encontraba legalmente habilitada para ejercer la abogacía ni como pasante desde abril de 2024,.
Reiteró su compromiso con la ética profesional y la seguridad jurídica, subrayando que el ejercicio ilegal de la profesión perjudica tanto a la justicia como a las personas representadas.
El caso continúa bajo investigación, mientras se insiste en la necesidad de reforzar mecanismos que aseguren la protección de los derechos humanos de los venezolanos detenidos en el extranjero, independientemente de su situación jurídica o de los delitos que se les imputen.
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