Buscan contener desinformación electoral en Brasil

Los brasileños están siendo bombardeados con desinformación a una semana de la segunda ronda de las elecciones presidenciales.

En las redes sociales se dice, erróneamente, que el candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva planea cerrar las iglesias y permitir que los varones usen los mismos baños que las mujeres en las escuelas públicas si es elegido.

También se afirma falsamente que el presidente derechista Jair Bolsonaro confesó haber incurrido en actos de canibalismo y pedofilia.

Abundan los rumores sin fundamento en las redes sociales y la andanada de versiones falsas hizo que la semana pasada la autoridades electorales dispusiesen lo que muchos expertos describen como las restricciones a la libertad de expresión más severas jamás registradas en esta joven democracia.

Se trata de un dilema que plantean las redes sociales de todo el mundo y Brasil adoptó una postura de mano dura. Los expertos dicen que, al hacer eso, las autoridades generan dudas acerca de su compromiso con la defensa de la libertad de expresión.

“Lo que pasa en Brasil, con Facebook, con YouTube y con otras plataformas se parece mucho a lo que sucedió en Estados Unidos en las elecciones del 2020”, expresó Vicky Wyatt, directora de campaña de la organización SumOfUs, de Estados Unidos.

En términos generales, los canales conservadores generan más contenido y más falsedades.

Según estadísticas del instituto Igarape, en los ocho días previos y posteriores a la primera ronda, del 2 de octubre, los canles de YouTube de extrema derecha fueron vistos 99 millones de veces, mientras que los de izquierda tuvieron 28 millones de visitantes.

Analistas políticos y la oposición expresan el temor de que la maquinaria de internet de Bolsonaro lo ayude a cuestionar los resultados si pierde, diseminando denuncias falsas de fraude.

El Tribunal Electoral Superior, la máxima autoridad electoral del país, anunció el jueves que prohibiría el contenido “falso o muy fuera de contexto”, que pueda “afectar la integridad del proceso electoral”.

En los días previos a la segunda ronda, pautada para el 30 de octubre, medios como YouTube y Meta (Facebook) tendrán apenas una hora –mucho menos que en el pasado– para eliminar todo contenido problemático. Ninguna de estas empresas comentó la medida.

Bolsonaro dice desde hace tiempo que el sistema de voto electrónico es usado para cometer fraudes, aunque nunca presentó pruebas de ello.

Recuerda que hackers en una ocasión penetraron la red de computadores de la comisión electoral. El tribunal electoral dijo que los hackers no tuvieron acceso a información sobre el recuento de votos.

De todos modos, en las redes circuló información falsa o engañosa sobre el equipo electrónico usado en las elecciones.

Ordem Dourada do Brasil, una organización de extrema derecha que añora los tiempos de la dictadura militar de 1964-1985, publicó videos en los que se compromete a ir a la guerra “si es necesario”. Cuestiona el sistema usado para votar y exhorta a la gente a salir a la calle y apoyar a Bolsonaro.

La Corte Suprema y algunos de sus jueces también fueron blanco de campañas de desinformación. Una publicación amenazó con usar la violencia contra las hijas de los jueces. Otras exigen que se elimine esa institución.

El año pasado, la corte inició una investigación de una red a la que acusó de diseminar noticias difamatorias y amenazas contra los jueces. La policía realizó más de dos docenas de allanamientos y confiscaciones.

Las campañas de Bolsonaro y de Lula denunciaron campañas de desinformación y lograron que los tribunales las bloqueen o eliminen. Las denuncias de desinformación hechas por el tribunal electoral aumentaron un 1.671 % este año respecto a las elecciones locales del 2020, según dijo ese órgano la semana pasada.

Un miembro del Partido de los Trabajadores de Lula fue asesinato a tiros en julio. Desde entonces ha habido casi todas las semanas denuncias de agresiones con fines políticos.

Tai Nalon, fundadora de AosFAtos, una agencia que corrobora los hechos, dijo que el gran reto que enfrenta la lucha contra la desinformación que circula en las redes sociales es tomar las decisiones apropiadas.

“Ninguna ley regula las plataformas (online) ni dice cómo debe proceder la justicia con ellas”, manifestó.

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