Aumentan pruebas de crímenes rusos durante guerra en Ucrania

Diez meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, pruebas abrumadoras demuestran que los soldados del Kremlin han librado una guerra total, haciendo caso omiso de las leyes internacionales que rigen el trato a los civiles y la conducta en el campo de batalla.

Ucrania está investigando más de 58.000 posibles crímenes de guerra rusos: asesinatos, secuestros, cañoneos indiscriminados y agresiones sexuales. Los informes de The Associated Press y “Frontline”, registrados en una base de datos pública, han verificado de forma independiente más de 600 incidentes que parecen violar las leyes de la guerra. Algunos de esos ataques fueron masacres en las que murieron decenas o centenares de civiles y, en su conjunto, podrían dar cuenta de miles de crímenes de guerra individuales.

Como dijo a la AP Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, “Ucrania es una escena del crimen”.

Sin embargo, esa extensa documentación se ha topado con una dura realidad. Aunque las autoridades han acumulado una cantidad asombrosa de pruebas —el conflicto es uno de los más documentados de la historia de la humanidad—, es poco probable que arresten pronto a la mayoría de quienes apretaron el gatillo o propinaron las palizas, y mucho menos a los comandantes que dieron las órdenes y a los líderes políticos que sancionaron los ataques.

Las razones son múltiples, según los expertos. Las autoridades ucranianas se enfrentan a dificultades serias para reunir pruebas irrefutables en una zona de guerra. Y la mayoría de los presuntos criminales de guerra han eludido la captura y se encuentran a salvo tras las líneas rusas.

Incluso en los procesamientos judiciales que han tenido éxito, los límites de la justicia son evidentes hasta ahora. Tomemos el caso de Vadim Shishimarin, un comandante de tanques de 21 años con cara de niño que fue el primer ruso juzgado por crímenes de guerra. Se entregó en marzo y en mayo se declaró culpable en un tribunal de Kiev de dispararle en la cabeza a un civil ucraniano de 62 años.

El deseo de alguna combinación de justicia y venganza era palpable en aquella sala. ”¿Se considera usted un asesino?”, gritó una mujer al ruso mientras éste permanecía inclinado hacia delante con la cabeza apoyada en el cristal de la jaula en la que estaba encerrado.

”¿Y qué hay del hombre en el ataúd?”, agregó otra voz, más aguda. Un tercero exigió al abogado defensor que explicara cómo podía luchar por la libertad del ruso.

El joven soldado fue condenado primero a cadena perpetua, que se redujo a 15 años en apelación. Los críticos dijeron que la pena inicial era excesivamente dura, dado que confesó el crimen, dijo que sólo cumplía órdenes y expresó remordimiento.

Sin embargo, los fiscales ucranianos aún no han podido acusar a los altos comandos de Shishimarin ni a quienes lo supervisaban. Desde marzo, Ucrania ha nombrado sospechosos a más de 600 rusos, muchos de ellos altos cargos políticos y militares, entre ellos el ministro de Defensa Sergei Shoigu. No obstante, hasta ahora, los más poderosos no han caído bajo custodia ucraniana.

“Sería terrible encontrar un escenario en el que, al final, se condenara a unas pocas personas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad quienes fueran militares de bajo o medio rango o paramilitares, pero la cúpula quedara impune”, afirmó Philippe Sands, un destacado abogado británico especializado en derechos humanos.

A lo largo de la guerra, los líderes rusos han negado las acusaciones de brutalidad.

El embajador de Moscú ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que ningún civil fue torturado ni asesinado en el suburbio de Bucha, en Kiev, a pesar de la meticulosa documentación de las atrocidades por parte de la AP, otros periodistas e investigadores de crímenes de guerra allí.

“Ni una sola persona local ha sufrido ninguna acción violenta”, agregó, calificando las fotos y el video de cuerpos en las calles como “una burda falsificación” puesta en escena por los ucranianos.

Tales declaraciones han sido fácilmente refutadas por autoridades ucranianas e internacionales, grupos de derechos humanos y periodistas que han documentado meticulosamente la barbarie rusa desde que el Kremlin ordenó la invasión no provocada en febrero.

Una investigación de AP reveló que el bombardeo ruso de un teatro en Mariúpol, que estaba siendo utilizado como refugio civil, probablemente mató a más de 600 personas. Otro mostró que en los primeros 30 días después de la invasión, las fuerzas rusas atacaron y dañaron 34 instalaciones médicas, lo que sugiere un patrón y una intención.

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