Arrestan a casi 800 inmigrantes en Florida en una mega operación del ICE junto a fuerzas locales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció este sábado que la agencia y las fuerzas del orden público estatales en Florida arrestaron a casi 800 personas durante cuatro días, como parte de una “gran operación de control de inmigración de varias agencias”.

La oficina del ICE en Miami calificó la operación como “sumamente exitosa” y “una asociación pionera entre socios estatales y federales”.

CNN se comunicó con el ICE para obtener más detalles sobre quiénes fueron arrestados, su estatus legal y el alcance de la operación.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, elogió la operación como “un ejemplo de cómo Florida y (el Departamento de Seguridad Nacional) se asocian para obtener grandes resultados en la aplicación de la ley migratoria y las deportaciones”, según una declaración en X.

“¡Florida lidera la nación en la cooperación activa con el Gobierno de Trump en materia de control migratorio y operaciones de deportación!”, escribió DeSantis en otra publicación el sábado.

La enorme cantidad de arrestos reportados ocurre en medio de la continua ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal y mientras el Departamento de Justicia avanza para procesar a funcionarios estatales y locales acusados de obstaculizar ese esfuerzo.

DeSantis y otros líderes republicanos de Florida han presionado a los funcionarios locales del estado para que firmen acuerdos con el ICE bajo el Programa 287(g), que permite que las autoridades locales reciban capacitación del ICE y colaboren con él para hacer cumplir aspectos de la ley de inmigración estadounidense. Los líderes de Florida han advertido que la ley estatal permite la deportación de funcionarios que se nieguen a cooperar con las iniciativas de inmigración del gobierno federal.

Las agencias estatales, incluida la Patrulla de Carreteras de Florida, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, la Guardia Estatal de Florida, el Departamento de Cumplimiento de la Ley Agrícola de Florida y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, firmaron acuerdos de colaboración con el ICE, según un anuncio de DeSantis en febrero.

En total, más de 200 agencias policiales estatales, del condado y municipales en Florida han firmado acuerdos de colaboración con ICE, y más de 70 tienen acuerdos pendientes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

A principios de este mes, varias universidades de Florida anunciaron que la policía de su campus también firmó los acuerdos del ICE, lo que avivó aún más los temores entre los estudiantes internacionales en medio de la revocación por parte del Gobierno Trump de cientos de visas de estudiantes en universidades de todo Estados Unidos.

Presión para cooperar

Líderes locales en varias partes de Florida aprobaron acuerdos de cooperación con el ICE aunque expresaron su oposición al mismo.

El consejo municipal del suburbio de Doral en Miami, que tiene la mayor población de inmigrantes venezolanos en el país, votó por unanimidad para aprobar un acuerdo de colaboración con el ICE a principios de este mes, pero los miembros del consejo dejaron en claro que estaban obligados a hacerlo según la ley estatal.

“El estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no lo hacemos, nos amenazan con sanciones penales”, dijo el fiscal municipal Lorenzo Cobiella, y agregó: “Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes… todos tenemos familias que provienen de diferentes lugares donde, en este momento, hay un gran sufrimiento”.

El mes pasado, los miembros del Ayuntamiento de Fort Myers votaron en contra de la colaboración con el ICE, pero luego dieron marcha atrás y la aprobaron después de que el fiscal general de Florida les enviara una carta advirtiéndoles que el gobernador podría destituirlos. El fiscal general James Uthmeier calificó la negativa inicial como una “violación grave y directa” de la ley de Florida que prohíbe las “ciudades santuario”.

Funcionarios locales acorralados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha afirmado en reiteradas ocasiones que investigará a cualquier funcionario local que no ayude a las autoridades federales en asuntos de inmigración.

La semana pasada, Hannah Dugan, jueza del circuito del condado de Milwaukee, fue arrestada por el FBI y acusada en un tribunal federal por presuntamente ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su arresto. Compareció inicialmente ante el tribunal y posteriormente fue puesta en libertad.

El viernes, en el tribunal, el abogado de Dugan declaró: “La jueza Dugan lamenta profundamente su arresto y protesta por ello. No se realizó en interés de la seguridad pública”, según AP.

También la semana pasada, el exmagistrado de Nuevo México Joel Cano y su esposa, Nancy Cano, fueron acusados de manipular pruebas vinculadas al arresto de un migrante indocumentado sospechoso de ser miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua, según dos denuncias penales.

El migrante Cristhian Ortega-López es un venezolano que fue acusado a principios de este año por posesión ilegal de un arma de fuego o municiones, según muestran documentos judiciales.

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