Argentina: Habilitan nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción

La Corte Suprema de Justicia de Argentina (Csjn) rechazó este lunes el último recurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar el juicio oral en la causa ‘Hotesur-Los Sauces’, por presunta corrupción y lavado de activos, informó La Nación.

La exmandataria es investigada por el alquiler de propiedades y plazas hoteleras a dos empresarios, Cristóbal López y Lázaro Báez, a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo a la denuncia, dichos alquileres formaban parte de un entramado de lavado y dádivas, ya que ambos empresarios resultaron beneficiarios en licitaciones de la obra pública.

Gravedad institucional

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo de la defensa de Cristina Fernández, que alegaba “gravedad institucional” por irregularidades en el proceso.

“Como tiene dicho este Tribunal, si se invoca gravedad institucional el interesado tiene una particular carga de justificación. Dicha carga no se ha satisfecho en el caso, en tanto el planteo no se basa en un serio y concreto razonamiento que demuestre la concurrencia de aquella circunstancia”, señalaron en el fallo.

Sobreseimiento y reapertura de la causa

La dirigente peronista había sido sobreseída en esta causa en 2021, por “inexistencia de delito”. “No surge del expediente que estuvieran acreditadas las supuestas dádivas: se especula con que se simularon alquileres cuando la ocupación fue real y los valores los del mercado”, señalaron los jueces en el fallo.

Sin embargo, en septiembre de 2023 la Cámara de Casación Penal ordenó que se realicen juicios orales por este y otro caso en el que la expresidenta también había sido sobreseída, el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Justamente, la Corte Suprema dispuso el pasado 5 de diciembre que Cristina Fernández también vaya a juicio por ese expediente, que investiga un supuesto acuerdo de impunidad con las autoridades iraníes, en el marco de la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.

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