Amnistía Internacional denunció que se incumplen obligaciones con migrantes venezolanos

Colombia, Ecuador, Perú y Chile «incumplen sus obligaciones internacionales» para proteger a las personas que huyen de Venezuela, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI) en su informe «Regularizar y Proteger».

Según detalla el documento, estos cuatro países albergan a casi 70 % de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que migraron.

Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI, dijo a Efe que estos países presentan «varios problemas comunes», como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados según la Declaración de Cartagena de 1981.

«Es decir que los cuatro Estados que incorporan esta definición (refugiado sin reservas) deberían poder proteger a estas personas, y rara vez lo hacen. Las cifras de personas reconocidas como refugiadas son muy bajas», subrayó Neau.

«En Perú, el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en 2022 solamente cuatro (personas) fueron reconocidas como refugiadas. Ahí se ven prácticas que violan los derechos humanos y bloquean el acceso al asilo», agregó la especialista.

Diversos líderes regionales han llamado a enfrentar esta crisis humanitaria de manera conjunta, aunque hasta ahora no se han visto resultados.

«Se ha visto una descoordinación de los Gobiernos de la región, como cuando Chile militarizó y cerró sus fronteras, mientras Perú y Bolivia respondieron de igual forma, dejando a muchas personas atrapadas en la fronteras y en condiciones muy precarias», señaló la investigadora.

Falta de voluntad política y discursos internos que asocian la migración venezolana a fenómenos de delincuencia ponen a estas personas en posiciones complejas, cuando «la mayoría necesita protección internacional».

La organización hizo un llamado a la región para «redoblar esfuerzos» en brindar respuestas «adecuadas» ante la magnitud de la crisis, «cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados».

«En particular, la organización recomienda a todos los Estados que reciben personas venezolanas, y especialmente a los cuatro analizados en el presente informe, que garanticen el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada», concluyó el informe.

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