Amenazan con penas de hasta 15 años de cárcel a manifestantes de Machu Picchu
Las autoridades de Perú han amenazado a los manifestantes de Machu Picchu Pueblo de posibles castigos, de hasta 15 años de prisión, en virtud de un decreto aprobado en diciembre pasado. La población de la zona lleva días en protestas para denunciar opacidad gubernamental en el manejo del sistema de venta de entradas al santuario inca.
“Está vigente el Decreto Legislativo 1589, que fue publicado el mes de diciembre, por cuya virtud se sanciona con pena privativa de la libertad de 10 a 15 años a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio de la nación”, dijo el primer ministro peruano, Alberto Otárola, en declaraciones a la prensa.
Ese decreto, que modificó artículos del Código Penal, endurece las penas para quienes dañen infraestructura, servicios públicos y cometan alguna “grave” afectación a la tranquilidad ciudadana.
Los manifestantes de Machu Picchu Pueblo han protestado de varias formas por una polémica venta de entradas de forma digital al santuario histórico.
El descontento se desató después de que el Gobierno peruano adjudicara a una empresa privada, conocida como Joinnus, la comercialización de entradas al recinto; algo que consideran significa una “privatización sistemática” de la ciudadela inca.
Sin diálogo
El conflicto parece no tener una solución a la vista, luego de que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, no asistiera a la mesa de diálogo entre la población y las autoridades, pese a que había sido pactada con antelación.
Las autoridades, mediante un comunicado conjunto de las carteras de Cultura, Ambiente y Turismo, justificaron su ausencia, señalando que el diálogo se daría, pero una vez que se levantara la huelga.
“El pasado domingo 28/01/2024 se acordó instalar una mesa de trabajo y diálogo en Machu Picchu Pueblo, siempre y cuando las actividades se estén desarrollando con normalidad. Lamentamos que esta situación, a la fecha, no se haya cumplido”, dice el texto.
Los manifestantes, por su parte, se mantiene en pie con la protesta, aunque se mostraron dispuestos a acordar una tregua de 24 horas para dialogar con el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo se negó a esa posibilidad.
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