Violencia digital: una amenaza para las mujeres

La violencia digital es una realidad preocupante para las mujeres en el mundo. Con el uso de las redes sociales disponible para el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, su seguridad y su salud mental pueden resultar vulnerables.
En Venezuela, la Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA), recientemente reveló un informe en el que señala que 61,5 % de las jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia digital de género o conocen a alguien cercano que lo ha vivido.
Según el artículo 19 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existen 21 formas de violencia y una de ellas es la informática. Se describe como “todo acto que involucre como medio para la comisión de un delito de violencia contra la mujer el uso de las tecnologías de la información y comunicación”.
Michelli Ortega, defensora delegada de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, señala a PRIMICIA que es importante conocer el fin por el que la persona difunde estos contenidos para así dar una sanción.
“Porque la ley nos plantea que este es un agravante de una pena (…). Por ejemplo, en un delito que tiene una pena final de un año, si para cometerlo se utilizó una tecnología de información como redes sociales, me va a ascender a un tercio”, comenta.
Resalta que esta ley es el principal instrumento que regula la violencia contra la mujer, aunque también se conecta con otras como la Ley contra la Violencia Organizada, el Código Penal o la Ley contra los Delitos Informáticos.
Denuncia de casos de violencia informática
La especialista resalta la importancia de denunciar casos de violencia informática, tomando en cuenta que hay diferentes órganos receptores. Entre ellos, el Ministerio Público (MP), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la policía nacional, los comandos fronterizos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los jueces de paz.
“Cabe destacar que nuestra ley también habla que todos los delitos de violencia contra la mujer son de acción pública. Cualquier persona que tenga conocimiento (del caso) puede denunciar”, expone.
Ortega enfatiza en que el Cicpc dispone una división especializada en delitos informáticos. Esta podría ser una de las primeras opciones para quienes formulen la denuncia, sin excluir a los demás órganos receptores.
“El órgano que recibe la denuncia tiene la obligación de generar medidas de protección para garantizar la integridad de la víctima”, manifiesta. Por ello, es importante que presenten los hechos con detalles y transparencia. Una vez que se dictan las medidas, la víctima puede activarlas en el momento en que sea necesario.
En el procedimiento de investigación es fundamental su participación para avanzar en el caso. “Con base en esta investigación, el Ministerio Público toma la decisión de imputar o no a la persona e iniciar el procedimiento judicial”, añade.
Acoso en redes sociales
A través de una consulta en redes sociales usuarias como Karelis Córdova y Alejandra Tiberio afirman que han recibido fotos íntimas sin consentimiento, incluso de personas desconocidas.
Ciudadanas aseguran que estos casos son comunes, especialmente en plataformas de Facebook y TikTok. “Es bastante desagradable y aunque los bloquees siempre aparecen más personas con ese tipo de abuso”, coincide Alexandra Rondón.
Entre otras experiencias, también mencionan a víctimas que han sufrido la clonación de cuentas de WhatsApp, como una manera en la que delincuentes acceden a contenido íntimo para extorsionar. “Le estaban cobrando vacunas por no publicarlos en redes sociales. Mandó lo que tenía, 10 dólares, y luego los bloqueó”, cuenta Eva Rodríguez.
“Sí me pasó. Acoso y fotos de sus genitales sin pedirlas”, expresan.
Importancia de denunciar
Ortega insiste en la relevancia de hacer la denuncia para que los órganos del Estado puedan actuar al respecto, previniendo que el caso vuelva a suceder a la persona.
“El proceso no se queda solamente en una denuncia (…). También en estos casos, en los que muchas veces hablamos de contenidos íntimos, nuestro Estado cuenta con otros entes que acompañan a las mujeres que son víctimas de violencia desde una perspectiva legal o una atención psicológica”, manifiesta.
Entre estos están el Instituto Nacional de la Mujer y organizaciones no gubernamentales que brindan su servicio, como Unfpa y Tinta Violeta.
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