Informe Ucab: Arco Minero es una bomba de violencia contra la mujer

El estado Bolívar se ha convertido en lugar de tránsito y destino de mujeres y niñas víctimas de delitos como trata y explotación sexual, bajo la mirada cómplice de funcionarios apostados en -al menos- 17 alcabalas de control y seguridad.

Así lo revela el más reciente informe sobre formas de esclavitud moderna en el Arco Minero del Orinoco, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Trata, explotación sexual, servidumbre, trabajo forzoso, mutilaciones, desapariciones y hasta asesinatos son algunos de los crímenes que sufren mujeres y niñas en torno al Arco Minero del Orinoco, ubicado en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes del estado Bolívar, al sur de Venezuela.

Así se desprende del informe “Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: una perspectiva de género sensitiva”, estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con su oficina en la Extensión Guayana.

La presentación de la investigación se llevó a cabo este jueves 20 de mayo, a través de la plataforma Zoom, y tuvo como ponentes a las profesoras Eumelis Moya (coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Ciudad Guayana) y Beatriz Borges (investigadora del CDH UCAB y directora del Centro de Justicia y Paz – CEPAZ), coautoras del reporte.

Borges explicó que, desde diversos lugares de Venezuela y países fronterizos, llegan al estado Bolívar mujeres, niñas y adolescentes, principalmente entre 12 y 35 años de edad, el grupo más vulnerable. Unas llegan engañadas bajo la promesa de un mejor porvenir y otras secuestradas, pero todas con el mismo destino: sufrir algún tipo de esclavitud.

“Al menos 17 alcabalas están apostadas en la carretera que conduce desde Ciudad Guayana hasta las minas del municipio Sifontes”, precisó Moya.

De acuerdo con el estudio, no hay cifras oficiales sobre prostitución de mujeres en el estado, Sin embargo, “fuentes policiales de El Callao estiman que son 3.500 las mujeres que ejercen la prostitución en la entidad y por la migración hacia las minas del sur, el número aumenta con frecuencia”.

Eumelis Moya aclaró que el objetivo de los cuerpos criminales que operan en la zona, no es el control de las mujeres, sino el control de las minas y, con ello, las satisfacciones de las necesidades básicas de sus trabajadores, entiéndase comida, aseo de sus ropas y placer sexual, para lo cual captan mujeres con el propósito de que ejerzan funciones de cocineras, lavanderas y prostitutas, en condiciones infrahumanas de trabajo y subsistencia.

Según datos de un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) –referido en el documento de la UCAB- en torno a las minas no hay agua potable ni electricidad, los pozos de agua están contaminados con cianuro y mercurio, y también abunda la malaria, factores que no propician una vida digna.

Ecos del sufrimiento

Teoría, metodología y en especial testimonios incluidos en el informe fueron expuestos grosso modo en la conferencia virtual.

El valor del testimonio es incalculable, toda vez que formalmente no existen estadísticas sobre los sucesos acaecidos en las minas y en torno a ellas, y es a través de entrevistas, además de trabajos periodísticos y monitoreo de organizaciones no gubernamentales como puede recogerse información en entornos tan complejos como el del Arco Minero.

Uno de esos testimonios es el de Mayerlin Vergara, defensora de los derechos de la niñez en la Fundación Renacer. Ella expresó que escucha “a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos en la mañana porque ya no tiene sentido la vida, verlas intentar suicidarse, tener estrés postraumático y cuadros depresivos profundos”, luego de vivir experiencias de violación sexual y otras vulneraciones a los derechos humanos.

El documento también incluye testimonios sobre mujeres que han sido descuartizadas por contraer VIH o acerca de las que sufren enfermedades de transmisión sexual, cuyo tratamiento se dificulta en las condiciones paupérrimas de las “currutelas”, que son espacios hechos con palos y bolsas plásticas donde se practica la prostitución.

Sobre este aspecto existen acciones contradictorias, según explicó la profesora Moya: “en los actos sexuales no están permitidos los condones, pero si se contagian de alguna enfermedad las mujeres son castigadas” o, en el mejor de los casos, expulsadas del pueblo.

Las investigadoras refirieron que la cultura machista es generadora de otros tipos de agresión y que, en definitiva, la dinámica social en el Arco Minero configura una vulneración de derechos que afecta con más fuerza a las mujeres, principalmente de bajo nivel socioeconómico.

“Estructura social, situación humanitaria y de violencia, conflicto y prácticas criminales son una bomba de violencia contra la mujer”, resumió la profesora Beatriz Borges.

Responsabilidad del Estado venezolano

Siendo el Estado el único al que puede atribuírsele la violación de Derechos Humanos, Moya y Borges advirtieron que su responsabilidad podría calificarse de absoluta sobre lo que ocurre en el estado Bolívar, debido a que decretó la creación e inicio de la explotación del Arco Minero del Orinoco y bajo su mirada y complicidad, en él coexisten grupos criminales nacionales e internacionales.

Moya aclaró que la intención de producir informes como este es “ir perfilando estas prácticas para volcar la mirada sobre los aspectos que pudiesen ser mejorados y no son tomados en cuenta como los efectos de esta situación; mientras estas mujeres están siendo prostituidas, humilladas, explotadas, forzadas en las minas, hay un contexto de niños y de adolescentes al cuidado de terceros, lo que crea afectación psicológica, reafirma el ciclo de pobreza. Desde Codehciu, una organización no gubernamental regional, hemos podido documentar niños solos en casa buscando formas de sobrevivir, donde el intercambio de sexo por alimentos es una constante en el municipio Caroní, se genera deserción escolar y, con eso, pobreza, victimización y abuso”.

Las investigadoras también apuntaron que estos estudios contribuyen al propósito de la Universidad Católica Andrés Bello de promover la defensa de la dignidad humana, a través de la consolidación de una cultura de respeto y solidaridad.

“Documentar y difundir esta realidad del estado Bolívar y común en otras zonas del país, es considerado el primer paso para promover la abolición de las formas modernas de esclavitud y clamar al Estado las acciones correctivas, la sanción de los responsables y la reposición de los derechos vulnerados”, afirmó la profesora Borges.

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