Gremio de abogados se declara en emergencia nacional
Representantes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Bolivar manifestaron su desacuerdo y total rechazo a que “en la entidad como en el resto del país se inicien actividades en algunos sectores de la economía donde el riesgo de Covid-19 es inminente, mientras que la administración pública, servicios de registros y notarías siguen paralizados”.
Félix Istúriz, presidente del Colegio de Abogados, junto con el secretario, Gustavo Caro, y José Gregorio Meignen, quien ocupa el cargo de tesorero, expresó que como resultado de una reunión ampliada en la que participaron miembros de los distintos municipios “declararon al gremio de abogados del país en emergencia nacional”.
Explicaron que la decisión se mantendrá hasta el funcionamiento diario de los tribunales, registros y notarías.
“Exigimos la apertura desde los tribunales de municipios hasta el Tribunal Supremo de Justicia, para que no se sigan violando el acceso a la justicia de la ciudadanía, el debido proceso, derechos humanos y nuestro derecho al trabajo”, declaró Félix Istúriz.
Hacen un llamado a la Federación del Colegios de Abogados de Venezuela e Inpreabogados, así como a todos sus agremiados, “para exigir con fuerza y fortaleza gremial nuestros derechos humanos en el libre ejercicio de nuestra profesión y que se nos respete nuestro justo, formal y constitucional reclamo”.
José Gregorio Meignen acotó que “rechazamos que nos hayan impuesto una cuarentena judicial en detrimento de nuestro ejercicio y dignidad profesional, violando los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y al trabajo de los abogados en libre ejercicio”.
“¿Por qué si se activan otros sectores, el sistema de justicia, no?”, se preguntó.
“No todo es problemática penal”
Con respecto a lo ordenado por la Sala de Casación del TSJ, sobre la activación de audiencias preliminares en los distintos tribunales, Meignen expresó que “no todo es problemática penal”, enfatizando las causas mercantiles y civiles, entre otros.
Recordó que en el caso de las notarías y registros, solo están laborando tres días a la semana, lo que genera un problema, pues se observan alrededor de 150 personas que acuden para ser atendidas.
Reiteraron su llamado al al Ejecutivo y al TSJ para que se tome en cuenta la petición que se hace, no solo por el bienestar de los abogados, sino también de la ciudadanía.
Gustavo Caro precisó que “estos servicios son fundamentales para la sociedad, para la convivencia ciudadana, la economía y para los abogado por lo que no se nos puede seguir privando, ni a las personas jurídicas ni naturales, de estos”.
“El sistema de justicia es un servicio público de primera necesidad constitucional así como lo es la salud, la alimentación, la propiedad, el derecho al trabajo, la libertad y los primeros consumidores somos los abogados y la ciudadanía en general”, señaló.
“Pedimos que se reactiven las actividades señaladas a la mayor brevedad puesto que un país sin justicia, puede desembocar en una anarquía incontrolable, donde sus pobladores quieran tomar la justicia en sus manos, lo que traería consecuencias indeterminables, a la vez que nos comprometemos a respetar y cumplir las medidas de protección”, finalizaron.
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