Ciudad
Denuncian ocupación irregular de espacios públicos en Alta Vista
Marrón afirmó que “estas prácticas” van en contra del artículo 50 de la Constitución que hace mención al derecho al libre de tránsito.
Cortesía | Espera una revisión del permiso de los negocios.
Rafael Marrón González, en representación de los intereses colectivos de la ciudadanía, consignó este lunes un documento formal ante la Defensoría del Pueblo, para denunciar la ocupación irregular de espacios públicos en la calle Roma de Alta Vista, en Puerto Ordaz, municipio Caroní.
De acuerdo a lo expuesto por Marrón, esta acción legal, amparada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, busca frenar lo que describe como un “abuso grosero” por parte de establecimientos comerciales, principalmente en el sector sur de Alta Vista.
“Además de mesas, sillas y utensilios de cocina, trabajadores y clientes estacionan las motos de sus repartidores que ocupan espacios en las aceras, mientras esperan sus despachos, violando también las normas de tránsito”, expuso.
Marrón afirmó que “estas prácticas” van en contra del artículo 50 de la Constitución, que hace mención al derecho al libre de tránsito, además viola -a su juicio- la seguridad personal, puesto que los peatones se ven obligados a transitar por las calles.
Para el denunciante la privatización de facto de estas áreas no solo obstruye el libre tránsito, sino que representa un foco de enfermedades para la población.
En ese sentido, expuso lo que considera un mecanismo de contaminación al que se exponen los alimentos preparados al aire libre, alegando que el alto flujo vehicular en la zona genera aerosolización de partículas, donde el polvo del asfalto y residuos orgánicos se asientan directamente sobre la comida.
“La carne expuesta actúa como un imán para gases de combustión y metales pesados”, reza el informe técnico de la denuncia.
En ese sentido, advierte que esta práctica invalida cualquier permiso de Contraloría Sanitaria y vulnera el derecho a la salud de los consumidores.
Peticiones
En ese contexto, pide que se haga una investigación de las concesiones para verificar la legalidad del uso de aceras para actividades comerciales privadas.
Además de solicitar la coordinación con las autoridades de transporte la restitución de tiempos seguros para el cruce peatonal.
De acuerdo a Marrón, se espera que en los próximos días la Defensoría del Pueblo emita un pronunciamiento sobre estas irregularidades que afectan la convivencia y la salud pública en el municipio Caroní.
Para finalizar, Marrón aclaró que la petición no busca la eliminación de los comercios, sino su adecuación a la legalidad.
“No se trata de cerrar negocios, sino de exigir respeto a los intereses difusos de la sociedad. No pueden usar la acera como cocina o zona de atención, obligando al peatón, incluidos adultos mayores, a arriesgar su vida transitando por la calzada vehicular”, enfatizó.
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