Denuncia afectaciones en vivienda por construcción irregular en Villa Alianza

Nilda Goncalves, habitante de la avenida Estados Unidos, en el sector Villa Alianza, en Puerto Ordaz, municipio Caroní, denunció las irregularidades que rodean la construcción de una obra en la parcela número 78, cruce con la calle Nueva Orleans.

De acuerdo a su declaración, la construcción carece de permisología oficial y aún así ha avanzado bajo el amparo de la omisión administrativa.

Según lo relatado por la afectada, el pasado 27 de junio de 2025, tras observar que iniciaron labores de demolición en la parcela que colinda con su casa; acudió hasta las oficinas de la División de Regulación Urbano Municipal para hacer una denuncia.

Aseguró que en ese entonces no recibió ningún tipo de respuesta por parte de la arquitecta encargada de Regulación Urbana, sin embargo, mencionó que acudieron a hacer una inspección a la obra por la demolición.

Precisó que le solicitaron a los dueños de la propiedad si tenían algún permiso para la demolición; y estos, según Góncalves, no lo poseían.

La obra no cuenta con permisos

Para el 9 de diciembre de 2025, cuatro meses después de la denuncia y la primera visita, Goncalves relató que fue notificada que los dueños de la propiedad no habían gestionado ningún permiso para la demolición.

“Recibí una llamada de Regulación Urbana a través de la arquitecta, donde me dice que me va a hacer entrega de unos documentos, de unos informes, donde me notifican que las personas no habían realizado la solicitud de demolición de la construcción y, por ende, tampoco tenían permiso para realizar la construcción de esta obra”, declaró.

A pesar de ello, la habitante indicó que la obra sigue en curso, por lo que denunció que sus derechos están siendo vulnerados, ya que la situación no solo ha generado afectaciones estructurales a su vivienda, sino también psicológicas y físicas tanto a ella como a su madre de 83 años.

“Tengo todo el techo de mi casa lleno de escombros, la entrada del estacionamiento (…) vivo con mi madre de 83 años, que fue afectada desde el punto de vista cognitivo ya que los ruidos que allí se han generado fueron hasta 85 decibeles. Nos tuvimos que encerrar prácticamente. Mi madre no pudo salir más al frente de la casa con el temor de que ella saliera y se pudiera resbalar, una caída al mismo nivel”, contó.

Ante todas las afectaciones, el pasado 15 de diciembre, nuevamente acudió ante Regulación Urbana, en doónde entregó un expediente detallando todas las secuelas físicas que ha presentado junto a su madre.

“¿Por qué la obra no se detiene?”

La afectada señaló que en enero de este 2026, representantes de Regulación Urbana hicieron una fiscalización a su casa, con el fin de documentar lo que ya había denunciado y, a pesar de ello, la construcción sigue.

“Sigo con las mismas inquietudes preguntando qué es lo que pasa con la obra. ¿Por qué la obra no se detiene? ¿Cómo es posible que una obra que no tiene permisos de construcción —porque no fueron solicitados en su debido momento—, hoy día se les permita continuar con la obra?”, cuestionó.

El 22 de enero, la afectada mencionó que acudió, una vez más, al departamento de Regulación Urbana, y la respuesta que recibió fue la misma: “efectivamente, la obra no tiene permisos de construcción”.

Responsables de obra en desacato

Al respecto, desde PRIMICIA contactamos con el ingeniero Ángel Pulvett, director de Desarrollo Urbanístico y Territorial y la arquitecta Jahny Roa, jefa de la División de Regulación del Territorio Municipal, adscritos a la Secretaría de Gestión Urbana y Territorial de la Alcaldía Bolivariana de Caroní, quienes manifestaron que, efectivamente la obra de construcción en la avenida Estados Unidos tiene orden la paralización, ya que no cuentan con la permisología correspondiente que emite el ente regulador.

Detallaron que la denuncia de la afectada Nilda Goncalves fue recepcionada en julio del 2025. Posteriormente en noviembre de ese mismo año la División de Regulación Urbana realizó la fiscalización en la que detectaron el avance de la construcción y se procedió a ordenar su paralización.

Orden que, de acuerdo a los representantes del ente regulador, fue acatada solo por unos días, ya que la responsable de la construcción retomó la misma.

“La División de Regulación actuando dentro del debido proceso inició un Procedimiento Administrativo por la construcción no autorizada y por el desacato, dicho procedimiento (en curso) determinará mediante Resolución la sanción a aplicar”, aseguraron desde Regulación Urbana.

En ese sentido, explicaron que el artículo 95 de la Ordenanza sobre Procedimientos para la Ejecución de Urbanizaciones, Edificaciones, Obras y Construcciones en Caroní establece multas e inclusive demolición parcial o total dependiendo del caso.

Al mismo tiempo, aclararon que la sanción correspondiente a la responsable de la obra será dictaminada por la parte legal de la Dirección de Desarrollo Urbanístico, una vez sustanciado el expediente.

“A la denunciante se le ha explicado que el procedimiento sancionatorio de la obra tiene lapsos que legalmente se deben cumplir”, señalaron.

En referencia a las afectaciones en la vivienda de la denunciante, dejaron claro que, de acuerdo a lo capítulo XV de la Ordenanza sobre Procedimientos para la Ejecución de Urbanizaciones, Edificaciones, Obras y Construcciones del municipio Caroní, han tratado de conciliar entre las partes, pero no ha sido posible. Es por ello, que se instó a la afectada a acudir a la Fiscalía Municipal.

Seguimiento de obra

Los representantes de Regulación Urbana destacaron que desde diciembre de 2025 se ha mantenido un seguimiento aleatorio a la obra y “el personal técnico no ha detectado presencia de obreros ni que la misma esté activa”. Sin embargo, la afectada reiteró que actualmente la obra presenta un avance significativo.

“Ya están en la fase de techado y acabados externos, y las autoridades municipales no han dado una respuesta contundente que proteja mis derechos como ciudadana y vecina afectada. Lo que solicito es que se cumpla la ley: si no hay permisos, la obra debe ser demolida o, en su defecto, ajustarse a las normativas de convivencia y de construcción”, refirió Nilda Goncalves.