CTU denuncian que 650 títulos de propiedad esperan por firma de CVG
Representantes de los Comités de Tierras Urbanas (CTU) de Ciudad Guayana denuncian la larga espera para la legalización de sus propiedades, que se encuentra estancada debido a la falta de firmas en los documentos por parte del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva.
Fanny Cedeño, enlace de los CTU por el estado Bolívar, asegura que desde hace más de un año múltiples organizaciones comunitarias esperan la legalización de sus terrenos a causa de trabas administrativas.
“Tengo varios CTU de la parroquia Chirica, de la parroquia Vista al Sol, de la parroquia Unare, donde hasta la fecha el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva, no ha ido a firmar. Ya tenemos casi un año y medio esperando que firme”, expresa.
De acuerdo con su testimonio, la Gerencia de Bienes e Inmuebles ha frenado el ingreso de nuevos expedientes debido a la acumulación de casos por resolver.
Asimismo, la vocera comunitaria estima que hay aproximadamente 650 títulos de propiedad paralizados, lo que pone en riesgo la estabilidad de cientos de habitantes.
“La Gerencia de Bienes e Inmuebles no me está aceptando más CTU, ni le están haciendo la inspección porque tienen un lote de títulos paralizados por la firma del presidente de la CVG”, añade.
Adultos mayores esperan por sus propiedades
Cedeño resalta que los principales afectados por esta paralización son adultos mayores que tienen más de 15 años habitando en la misma vivienda y que exigen seguridad jurídica sobre ella.
“Las personas se mueren esperando su título y no se les da respuesta. No son muchachos de 20 años quienes solicitan un título a los CTU, sino personas adultas que necesitan su propiedad y vivienda”, manifiesta.
Actualmente, los títulos de propiedad que esperan por las firmas se encontrarían en el Registro Público del municipio Caroní.
Vacíos institucionales
Por su parte, Jesús Flores, vocero del CTU en el sector Minifinca de la parroquia Cachamay, señala que ninguna de las instituciones involucradas asume la responsabilidad del proceso, por lo que exige la intervención directa del Estado.
“Hay unos sectores que tienen más de 25 años y, sin embargo, han sido obviados por las instituciones: la CVG, Ferrocasas y el resto. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que se aboque, a través de las instituciones, a que giren las instrucciones necesarias y se les entreguen las titularidades de las tierras”, concluye.
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