Comisión de Educación de Caroní critica retorno de actividades escolares
Uuna profunda preocupación por la integridad física de la población estudiantil, manifestó Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores (CPV) Caroní.
Durante una entrevista telefónica, con PRIMICIA alertó que niños y jóvenes de la región continúan asistiendo a clases dentro de escuelas y liceos, cuyas infraestructuras quedaron sumamente débiles y comprometidas tras el reciente terremoto.
González denunció con gravedad que hasta el momento no se han chequeado en su totalidad estos centros educativos; ni el Cuerpo de Bomberos ni ingenieros civiles han acudido a evaluar los daños reales en las bases de los planteles.
Aunque afortunadamente en el estado Bolívar el evento telúrico no pasó a mayores, la presidenta de la Comisión de Educación en Caroní, advirtió que la situación obliga a mantener una alerta máxima en estas edificaciones, las cuales presentaban graves daños estructurales desde mucho antes de que ocurrieran los terremotos el pasado 24 de julio en el centro del país.
Ante el evidente peligro de colapso o desprendimiento de estructuras, la legisladora municipal sugirió formalmente que el cierre del actual año escolar se desarrollara bajo la modalidad virtual.
No obstante, denunció con preocupación que el Ministerio de Educación no vio viable esta alternativa digital, instando a los alumnos a permanecer en las aulas a pesar de la situación.
La prevención como obligación del Estado
La presidenta de la comisión parlamentaria de educación, recordó que la seguridad en los planteles educativos no queda a discreción de los funcionarios de turno, sino que está estrictamente normada por el ordenamiento jurídico venezolano:
La Resolución 058 y la Lopnna protegen a los niños, dice que estos instrumentos legales obligan al Estado y a las autoridades escolares a garantizar espacios que resguarden la vida y la integridad de los menores de edad, específicamente, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) consagra el derecho a una educación en condiciones de seguridad física y ambiental.
Enfatiza que es un derecho, no una concesión: “La prevención no es un favor, es un derecho legal de los niños y de la familia”, por lo que González, hace un llamado a los padres y representantes a empoderarse de estas herramientas legales para exigir la inmediata revisión técnica de los espacios educativos.
Capacitación docente y prevención sísmica
Más allá de las reparaciones físicas, la concejal destacó que la seguridad escolar depende directamente de la preparación del factor humano.
En este sentido, puntualizó que es vital certificar que los profesores estén capacitados para guiar a los estudiantes en situaciones de emergencias y establecer talleres obligatorios dictados por el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, para definir las medidas de evacuación y protocolos de primeros auxilios.
De esta manera, la edil hizo un hincapié responsabilizando a las autoridades educativas por la seguridad de la comunidad escolar.
Al no permitir la culminación virtual por lo que queda de año escolar y mantener las escuelas abiertas sin una inspección previa de los Bomberos o un ingeniero civil, “el Ministerio de Educación asume – a su juicio-, un riesgo desproporcionado.
“Ignorar el deterioro estructural preexistente e ignorar el impacto del vulnera los derechos legales de los niños y las familias de Caroní, es una postura institucional negligente”, dijo González.
Desde PRIMICIA se intentó establecer comunicación con la Zona Educativa de Ciudad Guayana; sin embargo, hasta el cierre de la nota, no se obtuvo respuesta por las autoridades competentes.
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