Caso Loyola: Orientación como medida para el cese de la violencia

Ante la imputación de un menor de edad por un caso de violencia dentro de una institución educativa, se han encendido las alarmas de los guayaneses frente al acoso escolar.

El 27 de abril se registró un hecho en el que un joven agredió a otro dentro del Colegio Loyola Gumilla, en Puerto Ordaz.

Desde la institución privada expresaron un comunicado en el que resaltaron que tienen “tolerancia cero a la violencia en cualquiera de sus tipos” por no ser cónsonas con los valores, además de violar los Acuerdos Institucionales de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria.

Sobre el caso, anunciaron en redes sociales que abordarían la situación a través del diálogo y se tomarían medidas pedagógicas pertinentes.

Dos días después, reflejaron a través de su cuenta oficial en Twitter que se encontraban trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y la Defensoría Escolar para abordar la situación de violencia.

“Como institución educativa, tomamos medidas pedagógicas que refuerzan el diálogo y la solución pacífica”, añadieron.

Pero este martes, desde el Ministerio Público informaron que el menor de edad fue imputado por la Fiscalía Novena del estado Bolívar por el delito de lesiones personales, por los hechos vinculados con acoso y violencia escolar en el Colegio Loyola Gumilla.

Consecuencias

John Lara, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) seccional Caroní, mencionó que en las instituciones agremiadas han entregado folletos y orientando a los alumnos.

El abordaje, en conjunto con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), también incluye a padres y representantes.

Las charlas no solo abarcan la prevención del delito sino también sobre el mal uso de las redes sociales y las consecuencias que puede conllevar.

Lara explicó que ante un caso de bullying, tanto en el caso de la víctima como del victimario, hay que identificar la raíz del problema.

“En el caso del victimario, seguro hay un problema grave en casa, separación de padres, no hay atención al alumno. Hay datos visuales que se manejan desde el colegio y se abordan, se llama a los representantes, la orientadora, un psicólogo”, resaltó.

El presidente de Andiep en Caroní comentó que en los colegios que pertenecen a la asociación han hecho la labor preventiva desde hace mucho tiempo.

“Las instituciones grandes, presentan problemas grandes. Las que no son tan grandes, tenemos mayor dominio”, acotó.

El directivo lamentó que, por la pandemia, existe poco personal adecuado en las instituciones; sin embargo, opinó que el problema del acoso escolar se puede evitar desde el salón de clases.

Reveló que en una de las instituciones afiliadas a Andiep se presentó un “altercado importante” entre alumnos.

“No los llegamos a expulsar, tomamos acciones, hay que orientarlos, no someterlos al escarnio público, que es lo que está pasando con el caso Loyola. Es peor este remedio que están haciendo que la solución”, apuntó.

Añadió que la persona que grabó la agresión y el video como prueba señalan que fue una acción premeditada.

“Le buscó problemas, los orientadores no se dieron cuenta y no se tomaron las acciones pertinentes. Hubo falta de profesionalismo en la orientación, ahí es donde radica el problema”, afirmó.

Sanciones

Desde PRIMICIA se llevó a cabo una consulta a los lectores sobre si están de acuerdo con la imputación de un menor de edad en un caso de acoso escolar o bullying, a lo que la mayoría aprobó la medida del Ministerio Público.

“Estoy en total acuerdo pero las correcciones deben ser para mejorar el comportamiento del individuo. Las acciones son de emergencia porque estamos ante una realidad social muy moderna”, comentó Yolibert Pabique.

Añadió que el problema “es querer normalizar lo que es anormal y los padres son culpables. Hoy día son muy permisivos y no tienen seguimiento de lo que hacen sus hijos”.

Por su parte, Angi Artigas recordó que siempre han sucedido este tipo de casos en los colegios y liceos, solo que antes no se contaba con la tecnología para grabar.

“Los niños se esperaban afuera de la salida. Cuando se enteraban en dirección, se llamaba a los representantes de ambas partes y expulsión para los dos por una semana y jalonadas de oreja sin derecho a réplicas. Eso era en público y en privados”, relató.

Otro ciudadano resaltó que está de acuerdo porque deben ser respetados los derechos humanos de cada persona.

Varias personas coincidieron en que debieron aplicarse sanciones menos estrictas como labor social o servicio comunitario; además de ser suspendido o expulsado de la institución educativa.

Asimismo, opinaron que imputar hará que el joven lleve un registro policial por acosar a otro estudiante.

“Yo sí estoy de acuerdo porque alguien tiene que sufrir para que los demás agarren escarmiento. Los demás al ver esto ya no van a querer hacerle daño a los más débiles”, agregó Yixon Rondón.

Por otro lado, Ysaura Gómez mencionó que como madre no le gustaría que a sus hijos les ocurra algo así o ellos actúen de forma violenta.

“De verdad tienen que castigar, porque no sabemos lastimosamente que será de ese chico más adelante si se deja que siga actuando de esta manera (…) Si actúas mal, te irá mal”, afirmó.

Mientras que, Lucía Gómez indicó que está de acuerdo con la imputación porque con agresiones “comienza la vida de un delincuente”.

“Hoy día existe esa situación porque nadie había tomado cartas en el asunto. Muchos jóvenes no van a los colegios por temor, porque existe éste tipo de situaciones y los padres bien gracias, no educan a sus hijos del respeto hacia los demás”, opinó.

A través de Twitter, Pablo Vanegas apuntó que no está de acuerdo porque más daño emocional y mental causa someter a un niño a todo el proceso de imputación “que lo que el fulano bullying puede ocasionar”.

“Debe existir un precedente en el que después de una agresión así haya un castigo y no quede impune (…) Si no se viraliza la situación, hubiera pasado por debajo de la mesa y seguramente siguiera el acoso”, añadió otro ciudadano.

Más casos

El Ministerio Público designó a la Fiscalía 117 del Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes para investigar un hecho de agresión y acoso escolar ocurrido en el Colegio Teresiano de El Paraíso, en Caracas.

La Fiscalía 31 con competencia en Responsabilidad Penal Adolescente fue designada para sancionar otro hecho, en el que fue víctima una adolescente por maltrato escolar en el Colegio Los Angelitos, en el sector Raúl Leoni, en Maracaibo.