Cárcavas de Ciudad Guayana siguen sin ser atendidas por las autoridades

El crecimiento y aumento de las cárcavas en Ciudad Guayana, es una problemática desatendida por parte de las autoridades de la gobernación y que coloca en extremo peligro a centenares de familias y ciudadanos.

Según un estudio realizado por la ONG Gente Para Servir (GPS) Caroní y la Contraloría de lo público y lo urbano (CPU), se contabilizan 71 cárcavas en Ciudad Guayana. 

Así lo informó Simón Yegres, coordinador de GPS, explicando que se apoyaron en un informe publicado por Protección Civil, en el 2015, en el que se registraban 64 cárcavas, cinco de ellas activas. 

Ante esto, mencionó que actualmente, se han estudiado cuatro erosiones que se mantienen en constante deslizamiento que serían las de: la carrera Guayaquil, en el Paseo Rotario, frente a la iglesia de mormones; la de la avenida Atlántico, al lado del conjunto residencial Isla Dorada; en la avenida Venezuela, frente al Campo A3 y A4 de Ferrominera; y finalmente, la de la zona de los Alacranes, en San Félix.

“Son cárcavas que no estaban contempladas en el estudio de 2015 y que actualmente están activas y crecen con rapidez”, apuntó Yegres.

De la lista de 71 movimientos de tierra, la organización de GPS hizo un recorrido por 50 % de estas irregularidades, para constatar el estado de cada una. El equipo logró supervisar 30 cárcavas de la ciudad. 

“No tenemos materiales, hay que esperar”

Una de las erosiones activas y con mayor rango de riesgo es la cárcava ubicada en el sector de Los Alacranes, en San Félix, que comenzó a ceder hace seis meses, aproximadamente, y que en el mes de octubre generó el derrumbe de parte de las casas que estaban en el borde.

Desde el inicio del socavamiento del pavimento, los residentes del sector comenzaron a hacer llamados a las autoridades para “actuar de manera rápida y efectiva”, menciona Milagros Villasana. Sin embargo, no consiguieron respuestas.

En una de las viviendas habita Daisire González con sus tres hijos menores de edad, dos de ellos de tres años. El derrumbe de la parte trasera de su casa sucedió en horas de la noche, cuando uno de ellos estaba dormido.

“Fue un estruendo muy grande, pensamos que se nos venía la casa encima”, recordó González.

Semanas antes, parte del pavimento también se desplomó, poniendo en riesgo la calle 17 del sector 3 de la comunidad que estaría afectando a más de 25 casas.

Este miércoles, 22 de diciembre, luego de un prolongado aguacero, se derrumbó otra de las viviendas y otro espacio del hogar de González, también cedió, así como también otro tramo de la vía. 

Ante lo ocurrido, una comisión de la Policial Municipal de Caroní (PMC) acordonó la zona este jueves en horas de la mañana, asegurando que el gobernador, Ángel Marcano y el alcalde, Tito Oviedo llegarían hasta el lugar. 

Pero los mandatarios no hicieron acto de presencia. En su lugar, se apersonaron Dimas González, secretario de planificación y territorio productivo comunal; Marbelis Rodríguez, secretaria de ambiente; y personal de Inviobras.

Wilmer Isturdez, uno de los afectados, relata que “no les dieron respuestas concretas”

“Nos dijeron que los vecinos nos sigan apoyando, que hay que esperar a mediados de enero porque no tienen los materiales para reparar la zona”, dice. 

“No tenemos a dónde irnos, nos quedamos en la calle”, resaltó. 

“Nos culpan por vivir aquí”

Gustavo Veitia, geólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, apunta que en la ciudad “hay un problema de planificación y gestión institucional grave”.

Durante la estructuración de Ciudad Guayana, se señaló que la urbe está desarrollada sobre un sedimento no consolidado, conocido como la arena o arenilla, por lo que aseguraron que había posibles zonas de riesgos en las que no debían realizarse construcciones ni urbanismos.

“Estas zonas se conocían y no debieron haber construido en estos espacios, desde un inicio se conocían como zonas de riesgos”, expresa el geólogo; no obstante, “las autoridades han impulsado las ocupaciones de áreas peligrosas, incluidas las de las orillas del río”, añadió.  

La persistencia de asentamientos informales, el deficiente estado de las viviendas y el deterioro del medio urbano, fueron algunas de las preocupaciones del Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que para julio de 2015, manifestó además, su inquietud por las políticas públicas relacionadas con viviendas.

Por otra parte, en el informe de la relatoría de ambiente y servicios públicos del Colegio de Ingenieros de la ciudad de 2012, se expone que “la Alcaldía del municipio Caroní no debe seguir consolidando asentamientos espontáneos que se edifiquen en zonas de riesgo por inestabilidad de terrenos cercanos a cárcavas o en las inmediaciones de ríos y quebradas; debe proceder de inmediato a reubicar a estas personas en zonas seguras”.

A pesar de ello, las construcciones y “reubicaciones” han continuado en zonas de riesgo. Así fue el caso de Los Alacranes. Entre el año 1998 y 2000, en el mismo lugar, el asfalto cedió y generó una cárcava que provocó el derrumbe de más de 20 casas.

Aun conociendo el peligro y los antecedentes, las autoridades reubicaron a familias en zonas cercanas y, unos pocos años después, algunos ciudadanos volvieron a construir en el lugar por no tener otra vivienda en la cual habitar.

“Nos volvimos a meter aquí pensando que habían realizado por completo el trabajo y que era una obra segura”, cuenta Isturdez. “Nos culpan solo por vivir aquí, pero no nos ayudan a buscar otro lugar para vivir, no tenemos a dónde ir”, añade.

“No tenemos denuncia”

Aunque los residentes de Los Alacranes han realizado extensas denuncias y solicitudes de apoyo sobre su situación, el director general de Protección Civil, Carlos Meléndez, aseguró que “no habían recibido ninguna denuncia por medio del Consejo Comunal del sector”.

Insistió en que en las últimas semanas del año se habían realizado las evaluaciones correspondientes de las zonas de riesgo y “no hay cárcavas activas actualmente”.  

Aunque, luego del derrumbe ocurrido este miércoles 22, Meléndez constató que la cárcava “sí se mantiene activa” y se dirigieron al sitio para evaluar la zona de riesgo, “sin dar respuestas concretas”, manifestaron los afectados.

Con respecto a la cárcava de la avenida Atlántico, cercana a la intersección con la avenida Fuerzas Armadas, el muro de contención se derrumbó y ya la erosión de la arenilla alcanza la vía principal.

Esta cárcava se formó luego de que el canal de desagüe de aguas negras colapsara, debido a desechos sólidos y escombros de construcciones adyacentes. El constante flujo de agua que pasa por el canal comenzó a debilitar la arenilla, lo que generó después una cárcava que sigue cediendo, luego de dos años.

Aunado a ello, el socavamiento pone en peligro al conjunto residencial Isla Dorada, que se encuentra al lado del canal de desagüe.

“Mientras aumentan las lluvias, no se limpien los desechos y no se realicen los trabajos de reparación, en un pronóstico de cinco a diez meses, las casas pueden comenzar a derrumbarse”, explica Gustavo Ramírez, residente del lugar, que ya se ha asesorado con expertos.

Soluciones drásticas

El geólogo Veitia expone que, para solventar de raíz las cárcavas de la ciudad se necesitaría “mucho dinero e inversión para adecuar el área”, con un equipo y maquinaria correspondientes para poder hacer el trabajo

Añadiendo que el primer paso sería un proceso de desalojo con un plan establecido para saber dónde se pueden ubicar a estas familias.

“Pero por la situación en la que estamos como país, sabemos que no es una opción ni una posibilidad inmediata”, acota.

Entretanto, Yegres manifiesta la necesidad de crear un ente exclusivo para atender las cárcavas, en el que gremios y universidades podrían apoyar. 

A su vez, señaló la importancia de hacer un perfil geológico de Ciudad Guayana para efectuar los estudios de suelo de todo el municipio Caroní y que indiquen las diferentes capas de las cortezas donde se va construir para trabajar con mayor seguridad.

Finalmente, recordó que para obtener resultados positivos debe existir la coordinación entre las instituciones públicas y privadas.

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