ONGs venezolanas en alerta ante proyecto de ley de regularización

Anualmente, el 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con la finalidad de resaltar la labor en beneficio de la sociedad que estas ofrecen. Sin embargo, en Venezuela, esta fecha llegó en un contexto de alarma y rechazo ante un proyecto de ley con el que se pretende regular su funcionamiento.

Desde la Asamblea Nacional (AN), en una primera discusión, fue aprobado el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, sobre la cual actualmente numerosas ONGs del país resaltan que “promueve el sometimiento y viola el derecho a la asociación”.

Miguel Vincenti, como abogado y defensor de los derechos humanos, comentó a PRIMICIA que con esta ley, de alguna manera, la AN busca controlar el financiamiento internacional de estas organizaciones y tomar control de sus recursos asumiéndolos como de orden patrimonial público, siendo esta una de las críticas hechas desde distintos sectores.

En tal sentido, resaltó que los fondos públicos son los que derivan de las actividades del Estado, y es sobre estos de los que este tiene control y discrecionalidad, mientras que de los privados “del origen que sea, siempre que sean legales no deben tener mayor control que la ejecución de los proyectos para el cual fueron otorgados”.

Por otra parte, acerca del proceso de formación de leyes según lo exigido en la Constitución, recordó la necesidad de la consulta pública, académica y gremial, y en especial cuando -como en este caso- involucra una amplitud de derechos políticos y civiles.

Esto, dentro de una realidad en la que no es posible acceder al proyecto de ley desde ningún sitio oficial.

Rechazo

En un comunicado publicado en la página web del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), las ONGs señalaron que con esta ley “se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional, con las cuales poder afrontar la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja que afecta a la mayoría de la población”.

De igual manera, resaltaron “las disposiciones más graves”, entre las que incluyen la declaración de inexistencia de toda asociación sin fines de lucro que no se adecúe a la ley, así como también los requisitos exigidos bajo condiciones que “harían imposible su cumplimiento”, dejándolas en una situación de inseguridad jurídica.

A su vez, las organizaciones emitieron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que expresaron su preocupación ante disposiciones con términos “vagos e imprecisos, que pueden ser interpretados discrecionalmente por las autoridades”, los cuales ponen en riesgo la continuidad de la defensa de derechos vulnerados y la ayuda humanitaria en el país.

Son estas violaciones al derecho humano de libertad de asociación por las que solicitan que se desestime el proceso de aprobación del proyecto de ley y cualquier norma que tenga un sentido similar, mientras esperan que la influencia del gobierno de Petro pueda brindarle cualquier gestión para que esta petición sea tomada en cuenta.

Por su parte, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, exhortó al gobierno de Venezuela a cumplir con un “amplio proceso consultivo” sobre el mismo.

Transparencia

Sobre el financiamiento de las ONGs, Vincenti recordó las dificultades a las que se enfrenta el sector privado del país -el cual tradicionalmente las financia-, las cuales son parte de las razones por las que estas han buscado la colaboración internacional.

En tal sentido, manifestó estar de acuerdo con la fiscalización de los recursos “porque así lo exige la dinámica internacional en materia de derecho internacional público y privado el tener el control absoluto del origen de los fondos y que no respondan a fuentes ilícitas (…), lo que no pudiera estar ni medianamente de acuerdo es en la discrecionalidad que a través de esta ley pudiera tener el estado sobre el manejo de estos recursos”.