“Las denuncias a tiempo pueden salvar de un femicidio”

En el estado Bolívar siguen las alarmas encendidas por el aumento en los casos de femicidios y violencia contra la mujer, cifras que no aparecen reflejadas en estadísticas de instituciones públicas.

Norkis Salazar, monitora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explicó que los casos de violencia sexual son los que más han aumentado en el estado Bolívar, dentro de los que se incluyen los actos lascivos y trata de personas.

“Lo preocupante es que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes. En lo que respecta a femicidios, se han registrado 13 en lo que va de año, siendo la mayoría por proliferación de armas, pandillas y grupos organizados”, acotó Salazar.

El caso más reciente en el estado Bolívar es el de Giannelly Esther Pirrongeli Pumiaca, de 23 años, quien tenía ocho meses de gestación y murió el viernes 25 de septiembre en una clínica privada en Upata, después de haber ingresado vomitando sangre y con fiebre muy alta. 

Tras el primer diagnóstico se dijo que su fallecimiento se debió a una preeclampsia, pero los resultados de la autopsia aclararon que se trató de una hipoxia severa debido a una insuficiencia respiratoria, causada por asfixia mecánica. Su bebé también falleció a causa de una hipoxia neonatal, desprendimiento de placenta y trauma abdominal. 

Por este caso fue acusado Robert Gustavo Terrán Barrios, pareja de Pirrongeli, que más adelante fue procesado y permanece recluido en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como cárcel de El Dorado.

“Mi hermana siempre me contaba pequeñas cosas de su relación. Algunos detalles que uno ve como insignificantes, uno no los ve tan fuertes. Hace cuatro meses sí hubo un incidente fuerte entre ellos (Pirrongeli y Terrán) y ella decidió volver a la casa”, recordó Giorgelli Pirrongeli, hermana de la víctima.

Pirrongeli y Terrán, quienes residían en El Callao, mantuvieron una relación durante casi tres años, conviviendo juntos desde el inicio. La pareja tenía un niño de 2 años de edad.

“Siempre le dije que denunciara, que no estaba sola. Pero nunca supimos si de verdad llegó a denunciarlo”, añadió Pirrongeli.

Llamado a denunciar

La monitora de Codehciu resaltó que las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar de forma escrita u oral, ante los órganos receptores como policía, Ministerio Público o tribunales.

El artículo 74 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia expone que “el funcionario o la funcionaria que actúe como órgano receptor iniciará y sustanciará el expediente, aun si faltare alguno de los recaudos, y responderá por su omisión o negligencia civil, penal y administrativamente, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

También existen organizaciones como Codehciu, que de forma gratuita brindan apoyo psicosocial y asesoría legal para niños, niñas, adolescentes y mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia.

“Recomendamos que no callen la violencia de la cual fueron víctimas. No es obligatorio colocar la denuncia, no obligamos a que lo hagan, es un proceso bastante fuerte y pueden contar con nuestros servicios para poder superar las consecuencias emocionales que esto trae consigo. Una vez estén listos y manifiesten querer denunciar, pueden contar con nuestra asesoría y acompañamiento”, afirmó Salazar.

Milagro Rengifo, abogada especialista en delitos de violencia contra la mujer, destacó que también los institutos de la mujer, Defensoría del Pueblo, y las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, también están facultados para recibir denuncias.

Además, indicó que familiares, amigos y testigos de casos de violencia contra la mujer pueden informar y formular denuncias ante los organismos receptores o acompañar a las víctimas en el proceso.

“Ser denunciante no te hace víctima. Hay situaciones de alerta que familiares las notan pero no hacen nada (…) Las víctimas difícilmente se reconocen como víctima, por eso la red de apoyo inmediata es indispensable”, explicó la abogada.

Buscar apoyo

Yohendrys Zulay Rodríguez Reyes falleció el domingo 7 de junio, cuando recibió un disparo a la altura del ojo izquierdo. Su pareja, José Gregorio Fuentes, le disparó después de tener una discusión en la parroquia Catedral, municipio Angostura del Orinoco.

Rodríguez y Fuentes mantuvieron una relación por casi un año. Familiares de la víctima recordaron que en los últimos meses notaron que su pareja la maltrataba verbal y físicamente, incluso le prohibía trabajar, razones por las que decidió alejarse de él.

Parientes y amistades de Yohendrys Rodríguez siguen exigiendo que se haga justicia por su femicidio. Mientras las autoridades continúan sin pistas de Fuentes, quien se dio a la fuga después de dispararle a su pareja.

“Las denuncias a tiempo pueden salvar de un femicidio. No se pueden abandonar los entornos y hay que decirle a todas que no todo es violencia física y psicológica, pueden usar más tipos de violencia para amenazarlas: mensajes de texto, notas de voz, correos. Hay que formalizar las denuncias, la justicia tarda pero llega”, afirmó Rengifo.

La abogada especialista en casos de la mujer aseguró que antes del 2014 no se trabajaba con femicidios, sino como homicidios calificados. A pesar de que ahora se visibilizan más casos, resaltó que no se ha trabajado en las medidas preventivas y que no hay operadores de justicia que se vinculen con situaciones de género.

Sobre el aumento de los casos durante el confinamiento, Rengifo añadió que la cuarentena hace más difícil la convivencia de las víctimas con su agresor. También se complica la situación cuando las causas se mantienen paralizadas por la radicalización que ha mantenido sin labores las instancias legales; sin embargo, en distintos organismos se siguen recibiendo denuncias.

Sin estadísticas

Rengifo resaltó que las alarmas se encendieron en el primer trimestre de 2020, cuando en dos meses ya se contaban 46 femicidios en Venezuela. En el primer semestre la cifra aumentó a 163.

La abogada lamentó que desde 2015 empezó la “decadencia en casos de violencia” y empieza a mostrarse el distanciamiento de organismos públicos, además de no aplicar el debido seguimiento a los casos.

“Ya no se llevan estadísticas de violencia en las instituciones públicas, entonces no se sabe el alto índice de impunidad, no se evita repetición del delito. Si la víctima no tiene quien impulse el proceso u organización que apoye, el caso queda ahí”, acotó.

En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia están contemplados 19 delitos relacionados con formas de violencia basada en el género. 

La defensora de los derechos humanos con perspectiva de género lamentó que procesalmente, en comparación con otros delitos, las penas por violencia contra la mujer son muy bajas.

“Las penas son irrisorias, a menos que sea trata, violencia sexual, abuso o femicidio (…) No hay proceso de reinserción de ese agresor para que no vuelva a cometer actos de violencia, no hay seguimiento del tratamiento psicológico, solo se evalúan como elementos probatorios”, explicó.

Rengifo apuntó que las mujeres víctimas de violencia pueden comunicarse a través del 0800-Mujeres o con organizaciones como Red Naranja, que ayudarán a canalizar las denuncias en caso de no poder trasladarse hasta fiscalía o a algún centro policial.

Desde Codehciu ofrecen servicios de atención psicosocial y asesoría legal en los municipios Caroní y Angostura del Orinoco y apoyo psicosocial en el municipio Gran Sabana.

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