Cofavic: Ataques a ONG aumentaron en un 157 % durante el 2020

“Enemigos internos: defender derechos humanos en Venezuela en contexto de pandemia”.

La actualización del documento fue presentada -este martes- por el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic), a través de la plataforma Zoom.

100 personas fueron encuestadas en el monitoreo que se llevó a cabo en conjunto con la Organización Mundial contra la Tortura (Omct) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.

José Guarenas, coordinador general de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, explicó que este segundo informe responde a una alianza para promover la lucha de los derechos humanos en Venezuela.

Aseguró que ante el avance de la pandemia por covid-19, siguen el impacto a los defensores de derechos humanos, frente a las medidas impuestas por la emergencia sanitaria.

“Criminalizar a las organizaciones no gubernamentales es una tarea inútil. Las víctimas son gente de la comunidad que no puede acceder a la Justicia”, apuntó.

Cifras

Liliana Ortega, abogada y cofundadora de Cofavic, resaltó que se registró un aumento de 157 % en los casos de ataques a ONG en 2020, en comparación con el 2019.

“Este informe busca tener una visión de la crisis de garantías de trabajo de las ONG y personas defensoras de derechos humanos (…) La política de Estado está dirigida a cerrar aún más el espacio cívico democrático, etiquetan a los defensores como enemigos”, acotó.

Ortega resaltó que el 64 % de los ataques se registraron en 2020 a partir del decreto del estado de alarma, el cual se ha extendido hasta la fecha.

82 % de los 338 casos de ataques entre 2018 y 2020 fueron perpetrados por actores estatales: “funcionarios públicos desde los más altos hasta los más bajos niveles, bajo el amparo del poder público”.

De acuerdo con el informe, el 52,5 % de los encuestados se limitaron a publicar sobre denuncias de violaciones a derechos humanos en redes sociales, por temor a represalias.

“Son políticas de Estado porque vienen emanadas de los poderes Ejecutivo y Legislativo y se usa la Justicia para socavar las capacidades de actuación de las ONG (…) Se creó el contexto propicio en estado de alarma para generar mayor persecución y hostigamiento”, añadió.

Contexto pandemia

Debido a la pandemia por Coronavirus, Ortega resaltó que la escasez de combustible también causó un impacto en el despliegue y movilización de las ONG.

El 96 % de las personas encuestadas en el monitoreo no recibieron salvoconducto ante la medida de confinamiento para evitar la propagación del covid-19. “Eso fue un impedimento para asistir a tiempo”, expresó.

Mientras que el 98 % reveló que no podían presentar denuncias por la paralización del poder judicial durante la cuarentena, por lo cual no pudieron contar con uno de los requisitos fundamentales para acudir a instancias internacionales.

En el informe se resaltan casos de Miranda, Distrito Capital, Lara y Táchira. Pero Ortega destacó que en Bolívar también se registran hechos que llaman la atención sobre el intento de deslegitimar el accionar de las ONG.

Entre los casos de ataques a los defensores de derechos humanos mencionaron allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, persecución y hostigamiento.

Miguel Martín, abogado y miembro de la Omct, explica que la crisis no ha sido una distracción para los patrones de persecución, sino que se refuerza en el contexto de la pandemia.

Martín resaltó en caso de la ONG Azul en Positivo, en el estado Zulia, donde cinco de sus integrantes fueron privados de libertad, tras ser detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Es un ejemplo emblemático de lo que hace el Estado (…) Acarrea una condena de cárcel por uso abusivo de las leyes antiterroristas y de seguridad nacional. Cualquier persona con voz independiente es visto como enemigo y amenaza que hay que neutralizar”, denunció.

El abogado reveló que se plantea una hoja de ruta ante la gravedad de las amenazas, para crear un escenario de garantías.

“Es una agenda que se empiece a nivel de organizaciones, población y comunidad internacional para poner fin a la crisis de defender derechos humanos, que merece atención para tratar de abrir un debate y generar cambios estructurales”, resaltó.

Martín aseguró que la represión es parte de la política del Estado, pero solicitó que cese la criminalización de los defensores de derechos humanos.

“Se debe usar el tapabocas para evitar la propagación de covid-19 no para detener la propagación de información”, exclamó.

Cooperación internacional

Martín reiteró que el financiamiento internacional a las ONG “está fuera de todo debate” y afirmó que la comunidad extranjera se mantiene atenta ante la gravedad de las amenazas que se han vuelto continuas.

Ortega mencionó el caso de Azul en Positivo, aliados de la Organización de Naciones Unidas, que sirven de apoyo y trabajo en programas de acción humanitaria.

Los integrantes de Azul en Positivo privados de libertad estarían siendo acusados de obtención indebida de bienes, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Es un ataque a los que reciben información y ayuda específica que hoy día no las tiene. La sociedad tiene que ser doliente, cerrar una ONG es cerrar una mano que ayuda y acompaña”, dijo Ortega.

Destacó que también es un ataque a la comunidad internacional democrática. “No podemos trabajar sin recibir fondos de la cooperación internacional debidamente acreditados, no son fondos ocultos”, añadió.

Consecuencias

Claudia Carrillo, coordinadora del área de Atención Psicosocial a víctimas de Cofavic, explicó que los ataques tienen el objetivo de afectar la identidad, la confianza, ocasionar aislamiento y disminuir las acciones de los defensores de derechos humanos.

Sobre el monitoreo, Carrillo acotó que identificó patrones como estrés, cambio en los hábitos de sueño y alimentación, presencia de dolores de cabeza, patologías que afectan el desempeño de las labores.

“Todo lo que implicó adecuar sus sistemas de trabajo, implementación de bioseguridad (…) Llevar a las personas a implementar medidas de protección para el cuidado de sus equipos de trabajo, medidas mucho más adaptadas y fuertes para proteger la seguridad personal”, resaltó.

Carrillo lamentó que el confinamiento les recordó a las víctimas de ataques la pérdida de libertad, la angustia y la incertidumbre que siguen presentes.

La abogada Liliana Ortega cerró recalcando que los defensores de derechos humanos “no somos enemigos de los Estados sino el acompañamiento a las víctimas. No hacemos nada distinto a lo que se hacía en el año 89”.

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