“Cada dos días muere un preso”

Bolívar cuenta con dos recintos penitenciarios: Vista Hermosa, ubicado en la capital, y El Dorado, al sur del estado.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a cargo de la ministra Iris Varela, debe velar por los Derechos Humanos de los privados de libertad. Es decir, garantizar educación, recreación, salud, alimentación y que todos permanezcan en instalaciones en las que sus necesidades no se vean afectadas para alcanzar la regeneración personal.
La idea es que las cárceles sean un espacio para mejorar las conductas y evitar perjudicar a la sociedad repitiendo el delito por el que la persona quedó detrás de los barrotes. Sin embargo, las condiciones en las que conviven aquellos que están privados de libertad, no dejan bien parado al sistema.
Las irregularidades en los centros de reclusión van desde mala higiene, falta de alimentación y ventilación irregular, hasta problemas de salud. Situaciones que han sido denunciadas por los familiares de los privados de libertad.

Líderes
En la cárceles el control no lo llevan oficiales, sino aquel sujeto denominado pran y la principal denuncia es que desde el ministerio no se han enfocado en desarticular esa convivencia.
Al menos eso es lo que dejan reflejadas algunas irregularidades. Por ejemplo, el 19 de junio, los internos de Vista Hermosa dispararon a unos funcionarios del Cicpc, que realizaban un procedimiento en los alrededores del penal.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha declarado sobre la procedencia de los armamentos que están en manos de los presos.
En Venezuela, la población en las cárceles es de 45 mil presos. Eso, sin sumar la cifra distribuida en los calabozos transitorios de distintos cuerpos de seguridad.
Según Carlos Nieto, director del la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad, hay 65 mil privados de libertad en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y demás componentes de seguridad en el territorio nacional.
Significa entonces que, 110 mil personas están tras las rejas, pero más de 50 % de los detenidos permanecen en sedes no adecuadas para que cumplan por algún delito.
“Hay que recordar que los calabozos en centros policiales solo están habilitados para que una persona en condición de aprehendido no pase un lapso mayor de 48 horas”, dijo Nieto.
Esto debería transcurrir de la siguiente manera: una vez que el arrestado sea puesto bajo órdenes del Ministerio Público, debe ser trasladado a un recinto penitenciario, en el que debe esperar los 45 días para el juicio y la sentencia a cumplir encarcelado por haber cometido una infracción que vaya en contra de los derechos de alguna persona e institución bien sea pública o privada.
Pero eso no es lo que ocurre. Los detenidos deben esperar en cualquier recinto policial y, como consecuencia, empeora el hacinamiento y el retardo procesal.

Más espacios
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recalcó que el Estado no cumple con las medidas necesarias para que los privados de libertad gocen de beneficios que los ayude a la reinserción. Entre ellos, la creación de más cárceles.
Mencionó en el caso del estado Bolívar, que hace más de 10 años el Gobierno nacional prometió la construcción de una cárcel en Marhuanta, municipio Heres, en la que presuntamente se iba a distribuir la población de Vista Hermosa.
“Hemos visto como han ido a tomarse fotos en una famosa piedra para construir la cárcel de Marhuanta y hasta la fecha no ha iniciado el proceso”.
Señaló que debido a la falta de penales, los centros policiales “están abarrotada de detenidos” y eso no genera beneficios a los cuerpos de seguridad, reclusos, ni a la sociedad.
Agregó que esa condición en los puestos policiales genera “más pranato, porque resulta que los que están en Puerto Ordaz, no pueden estar con los de San Félix y viceversa”.
A su juicio, eso desencadena la ola de violencia entre los internos y, como consecuencias de riñas, en ocasiones hay muertes tras las rejas.
Ratificó que “un área policial para calabozos es de detención preventiva”.
Desde el OVP manejan la cifra de 93 detenidos que han muerto en el primer trimestre del año. Un número que según Humberto Prado, pudiera disminuir si en las cárceles tuvieran los espacios necesarios para alimentación, educación, deporte y el plan de salud estuviera al día.
Consideró injustificable que “cada dos días muera un preso”.
De acuerdo al seguimiento que realiza en los penales el OVP, la cantidad de fallecidos se debe a situaciones de violencia y a problemas de salud, debido a que “los presos con hepatitis, Sida e incluso desnutrición, no tienen garantía de ser atendidos”, porque no hay especialistas dentro de las cárceles.
La falta de organización dentro de los calabozos genera desequilibrio y violencia entre los internos.
“Es el Estado que está convirtiendo en universidades del delito a las personas que están privadas de libertad”, comentó.

Organización
A juicio de Prado, los presos que están en El Dorado pudieran estar más cerca de los tribunales y aquellos que tengan sentencia, pudieran estar en ese centro penal, reestructurado en un “centro agroindustrial penitenciario para que se pongan a producir”.
Recordó que este terreno tiene más de 6 mil hectáreas a las que los privados de libertad pudieran sacarles provecho en mecánica, artesanía y agricultura. “Que sea un centro no para el castigo, sino para la producción”.
Prado expresó que un recluso tiene 45 % más de probabilidades de morir dentro de una prisión que en la calle, debido a la falta de voluntad política para ordenar el sistema.

Vigencia en los derechos
José Bernardo Guevara, profesor universitario y defensor de Derechos Humanos, manifestó que la vigencia de estas garantías dependen del Estado, individuos e instituciones.
Señaló que en caso de ser consultado respecto a las garantías de derechos de los penales, busca orientarlos y en caso de tener pruebas de violencias, el caso requiere ser estudiado por la Defensoría del Pueblo, porque es el primer organismo que debe velar por los derechos de los reclusos.
Cuando compruebe un delito, “es un deber su intervención”.
Guevara indicó que “el Estado debe prevenir la violación de los derechos y está en la obligación de investigar todas las denuncias en materia de violencia de Derechos Humanos”.
Agregó que “el Gobierno nacional debe dar atributos a la dignidad de la persona en hacer valer los derechos de la población reclusa”. Certificó que es un deber del Estado “velar por mis derechos y reconocerlos. Es un tema de seguridad jurídica”.

Intento
En el año 2009 fue el lanzamiento del Operativo Bicentenario de Seguridad, seguido del operativo Madrugonazo al Hampa en el año 2011.
Desde el inicio del primer plan penitenciario, el incremento de la población reclusa pasó de 32.624 a la cifra actual.
En el año 2013 se presentó el operativo Patria Segura. Para el 13 de julio de 2015, se lanzó una nueva estrategia denominado Operativo de Liberación del Pueblo.
De todos estos planes no se han compartido cifras de los resultados.
De acuerdo con un informe de 2014 de Human Rights Watch, “las cárceles venezolanas se encuentran entre las más violentas de América Latina”.
La causa principal es “la escasa seguridad, el deterioro de la infraestructura, hacinamiento, insuficientes guardias y mal entrenados. Además, la corrupción carcelaria de bandas armadas para controlar eficazmente las cárceles”.
Ese mismo año, la Organización para las Naciones Unidas dice que el sistema penitenciario venezolano es “una tragedia” debido a las pésimas condiciones de higiene, altísimo hacinamiento, violencia extrema, estando entre los peores del continente.

Temor
El 7 de julio, los familiares de más de 200 detenidos en el calabozo de la Subdelegación del Cicpc Guayana, denunciaron que los reos estaban en malas condiciones.
Mencionaron que sufren de enfermedades de la piel, hepatitis e incluso hay casos de tuberculosis, pero cuando el equipo del diario PRIMICIA intentó conversar nuevamente con ellos, se negaron porque presuntamente las declaraciones afectan más a los reclusos, pues “les mantienen un castigo. No les permiten la visita y les restringen los alimentos de los sábados”.
Extraoficialmente se supo que los directores del cuerpo policial sostuvieron un encuentro con los familiares de los detenidos y, al parecer, les prohibieron declaraciones a la prensa.

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