Autoridades instan a no hacer silencio ante la violencia de género

Durante el confinamiento como medida de prevención de propagación ante la pandemia por Covid-19, los casos de violencia de género han aumentado y con ello las respectivas denuncias ante los organismos competentes.

Según el último informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), se reportaron 22 casos de violencia basada en género en el estado Bolívar, de los cuales 13 se trataron de niñas y adolescentes.

En los primeros ocho meses de 2020, Codehciu contabilizó 116 mujeres víctimas de violencia de género. “El estado debe publicar cifras de violencia basada en género para visualizar cómo las mujeres y niñas siguen siendo de los grupos más afectados por la emergencia humanitaria compleja”, resaltó la organización.

De los casos de violencia basada en género reportados entre julio y agosto, Codehciu identificó siete por violencia sexual, seis como actos lascivos, cuatro por violencia física, dos amenazas, uno por acoso, una desaparición y un femicidio.

Karina Márquez, coordinadora del Departamento de Atención al Ciudadano del Centro de Coordinación Policial Caura, afirmó que las denuncias y casos por violencia de género han aumentado en 30 % aproximadamente durante la cuarentena.

En agosto, el femicidio de Karla Ríos consternó al país. Su expareja, Edward Chacón, la asesinó tras varias muestras de acoso y violencia que fueron denunciadas por la víctima ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Semanas atrás, Chacón la amenazó de muerte, le puso una pistola en la cabeza y le dijo que la iba a matar, ella lo denunció y a pesar de que no tenía porte de armas, a Chacón no le hicieron nada y hoy ella está muerta”, expresó un familiar de la víctima de 39 años de edad, después de su asesinato.

Chacón se presentó en el edificio en el que vivía la víctima, discutieron en la planta baja, sacó su arma y le disparó dos veces. Ríos llegó sin signos vitales al Hospital Vargas, en Caracas, la noche del viernes 31 de julio. 

Órganos receptores

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 71 sobre los órganos receptores, expresa que “la denuncia podrá ser formulada en forma oral o escita, con o sin la asistencia de un abogado o abogada”. 

En la normativa se enumeran los organismos receptores de denuncias: Ministerio Público, juzgados de Paz, prefecturas y jefaturas civiles, División de Protección en materia de Niño, Niña, Adolescente, Mujer y Familia del cuerpo de investigación con competencia en la materia, órganos de policía, unidades de comando fronterizas, tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos nombrados anteriormente y cualquier otro organismo al que se le atribuya esta competencia.

La ley resalta que “cada uno de los órganos anteriormente señalados deberá crear oficinas con personal especializado para la recepción de denuncias de los hechos de violencia” referidos en el documento legal.

Márquez acotó que las víctimas de violencia basada en el género deben denunciar en el Centro de Coordinación Policial más cercano. Si el caso pasó dentro de las últimas 24 horas, el sujeto puede ser detenido en flagrancia.

La funcionaria y abogada explicó que después de recibir la denuncia y entrevistar en caso de que haya testigos, si la violencia sucedió en un lapso mayor a las 24 horas, se establecen medidas de protección como órdenes de alejamiento para proteger a la víctima. El caso es remitido a la fiscalía y, según la ley, la investigación no debe extenderse por más de cuatro meses. 

“Cuando una persona tiene el valor de acudir a nuestros despachos, son atendidas inclusive por psicólogos, por expertos (…) Las asesoramos, las personas que son agredidas necesitan nuestro apoyo”, expresó el comisario general Noel Ruiz, jefe de la División de Investigación de Homicidios del Cicpc, en una entrevista publicada a través de la plataforma IGTV de Douglas Rico, director del organismo.

Sobre las medidas de protección establecidas en la ley, Ruiz afirmó que en los casos en los que no pueden detener al sujeto en flagrancia, con las órdenes de alejamiento se ha logrado evitar reiteraciones de delitos por violencia basada en el género y hasta asesinatos de mujeres. 

“Mientras el hecho ocurra dentro de las 24 horas se puede aplicar flagrancia, a esta persona la podemos detener y poner a la orden de los tribunales. En caso de que no exista la oportunidad, la ley establece medidas de protección que son firmadas por el sujeto para evitar el daño hacia la víctima. Esto ha generado bastantes resultados porque hemos evitado que estas personas vuelvan a cometer delito y evitar que se convierta en femicidio”, destacó el comisario general.

Pruebas

En un monitoreo realizado por Cotejo Info (plataforma de comunicación digital creada por la Asociación Civil Medianálisis), 172 mujeres fueron asesinadas en Venezuela hasta el 31 de agosto; al menos 80 asesinatos fueron calificados como femicidios. Fuera del área metropolitana, los estados con mayor cantidad de asesinatos fueron Aragua, Bolívar y Zulia. 

El último informe de Codehciu mostró que, entre julio y agosto de 2020, el municipio Caroní fue el que presentó más casos de violencia basada en el género con 12 víctimas. Mientras que cuatro casos se reportaron en Angostura del Orinoco, tres en Gran Sabana, dos en Piar y uno en Sifontes.

La coordinadora del Departamento de Atención al Ciudadano del Centro de Coordinación Policial Caura hizo un llamado a las víctimas y testigos de violencia de género, a hacer las denuncias correspondiente en los órganos receptores.

“Deben dirigirse al Centro de Coordinación Policial más cercano, con los elementos probatorios. Hay muchas mujeres que olvidan que cuando hay acoso, que empieza el chantaje y las amenazas, el temor de que les quiten a los hijos o hacerle algo a su familia, todo deben guardarlo: mensajes, llamadas, correos”, resaltó Márquez.

Organizaciones como Codehciu, Tinta Violeta y Cepaz, así como la plataforma Dilo Aquí de Transparencia Venezuela, ofrecen asesoría y apoyo a través de redes sociales y sus teléfonos. Las víctimas también pueden comunicarse para denunciar a través del 911 y Ministerio Público (0800FISCA00).

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