Proponen revisar leyes para reactivar los alquileres de viviendas
Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), considera que es tiempo de adecuar las leyes venezolanas que rigen el sector inmobiliario, como la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), la Ley contra la Estafa Inmobiliaria (2012), sobre la cual plantea su derogación, y la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (2007).
En el gremio se observa con agrado un acercamiento por parte del sector público y la realización de consultas en temas vitales.
Esta apertura, indica, permite analizar sus propuestas. Ante la situación actual, estiman que se hace necesario promover la revisión del marco jurídico relacionado con todo el tema inmobiliario.
Recientemente, el Ministerio ha mostrado la intención de invitarles a revisar el marco jurídico sobre esta ley.
La Ley de Arrendamientos es crucial porque su desequilibrio actual afecta la economía venezolana.
“El desbalance entre los derechos del propietario y del arrendador genera desconfianza en el tenedor de la propiedad privada, dificultando la recuperación del inmueble si el inquilino incumple el contrato”, explica.
El resultado de esta desconfianza es un inventario significativo de inmuebles cerrados en todo el país. Esto debe estar disponibles, podrían contribuir a reducir la presión sobre la necesidad de vivienda en el mercado venezolano. Este es uno de los puntos centrales que la Cámara propone revisar.
Indica González que además de la Ley de Arrendamiento, la aplicación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria ha desestimulado la producción de vivienda residencial.
“El promotor inmobiliario opera en un negocio complejo y altamente riesgoso, con actividades interrelacionadas y mediciones de tiempo desafiantes en una economía con alta inflación y escasez de materiales de construcción”, detalla.
Agrega que el tema de penalizar la producción de viviendas o la falta de producción de vivienda es uno de los nudos. Indica que los lapsos de entrega de 24 meses, que pueden excederse por condiciones no directas de la gestión de construcción, exponen a los promotores y “desestimula la producción de vivienda residencial”, argumentó González Travieso.
Situación actual
Esta situación ha llevado a que los promotores se enfoquen en desarrollar otros tipos de inmuebles, como oficinas, dejando la vivienda residencial rezagada. “El país necesita una estabilidad macroeconómica que retorne a condiciones previas donde existían mecanismos de ahorro a largo plazo, como las cédulas hipotecarias, sin la afectación de la inflación”.
En la Cámara se propone “derogar inclusive la Ley de Estafa Inmobiliaria que tiene el tema de la penalización de la actividad, dejar que los promotores puedan entrar, entonces tratar de ver qué podemos construir como respuesta en el inmediato plazo”, indica González Travieso.
La CIV está convencida de que la actualización del marco jurídico puede generar empleo y reactivar la industria de la construcción de viviendas.
La revisión de la Ley del Deudor Hipotecario se centra incluso en permitir “la contratación de hipotecas en moneda dura”, detalla González Travieso.
“El objetivo es crear condiciones internas que permitan resolver la problemática de la producción de vivienda inmediata para alquiler, un nicho importante, especialmente para la gente joven que prefiere alquilar”, dice González Travieso y resalta que Venezuela está en las puertas de recibir recursos de la inversión petrolera, y “el inventario inmobiliario no se ha renovado en 15 años”.
Ten la información al instante en tu celular. Únete al canal de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://
También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/