Proceso de venta de acciones de Citgo continúa tras rechazo de objeciones de Venezuela

El abogado José Ignacio Hernández informó que, por ahora, el proceso de venta de las acciones de la empresa Citgo Petroleum continuará.

Indicó en sus redes sociales que la Corte de Delaware, en Estados Unidos, negó las objeciones presentadas por Venezuela en la audiencia de este viernes 17 de mayo de 2024.

Cabe resaltar que esta presentación ante el juzgado norteamericano tenía como finalidad decidir qué hacer con los Bonos Pdvsa 2020 y la resolución que se tomase pudiese “incidir en el juicio y en el destino de Citgo”.

El también profesor universitario recordó que, en el mes de febrero de este año, el máximo tribunal de Nueva York decidió a favor de Pdvsa, al considerar que la Constitución de Venezuela “sí rige a los bonos. Todavía el caso no ha sido decidido por la Corte de Apelaciones”.

“Faltan meses -o años- para que se decida el caso de los Bonos Pdvsa 2020. La posición de Venezuela es que el proceso de venta no puede usarse para pagar a los tenedores de esos bonos, que tienen una prenda sobre la mayoría de las acciones de Citgo Holding”, precisó.

Dijo, además, que, si la Corte de Delaware permitiese que los bonos fuesen tomados en cuenta, se corría el riesgo de reducir, más todavía, “el monto que se repartiría entre los acreedores, cuyas deudas suman US$ 22.000 millones”.

Según dictaminó el juez de la Corte de Delaware, a los postores de las acciones de la refinería Citgo Petroleum, se les podría pedir que digan si sus ofertas cubren los reclamos de los tenedores de bonos venezolanos.

De acuerdo con lo publicado por Reuters, se les puede preguntar a los postores que ofertan por las acciones de Citgo Petroleum si planean reservar dinero o si tienen algún plan de cómo podrían pagar a los tenedores de los Bonos Pdvsa 2020.

Es importante precisar que los reclamos de los tenedores de los Bonos Pdvsa 2020 no son parte del caso judicial que se realiza en Delaware, pero sus reclamos se ciernen sobre la subasta de las acciones en curso, con el fin de cobrar alrededor de US$ 22.000 millones en reclamos por incumplimientos de deuda y expropiaciones.

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