Gil: No sabemos exactamente cuántas empresas han cerrado, ni las causas

Raúl Gil, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní (Camcaroní), asegura que en el país y especialmente en el estado Bolívar se vive una situación atípica que ha conllevado al cierre de empresas.

“La realidad económica es que las empresas no están facturando”, manifiesta a PRIMICIA.

Describe que, dentro de esta realidad, por ejemplo, había empresas metalmecánicas “que dependían de las empresas básicas que tenían un cierre temporal y ese cierre no lo habían formalizado legalmente ante el Seniat y ante la alcaldía”.

Añade que formalizar un cierre definitivo depende de una serie de procedimientos legales que son altamente costosos.

Gil señala que muchos tenían empresas inactivas y los empresarios determinaron que tenían impuestos nacionales por pagar, como Impuesto Sobre la Renta, Impuesto de Valor Agregado, Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, Impuesto a los Grandes Patrimonios, a los cuales suma los municipales.

“Tuvieras o no actividad, debes de pagar un mínimo tributable”, menciona. Esto se juntó con el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

En situación atípica en la región, el gremialista incluye la escasez de combustible que ha dificultado la reactivación económica y los constantes cortes de energía eléctrica sin programación.

“Todo esto ha llevado a los empresarios y comerciantes formalmente constituidos a tomar decisiones y hacer cierres definitivos de empresas”, comenta.

Incentivos para los contribuyentes

El presidente de Camcaroní describe que las estadísticas de cuántas empresas han cerrado en los últimos meses se pueden obtener en el Seniat, ya que es el ente donde se consigna un acta de asamblea extraordinaria de accionistas, además de la disolución de la empresa.

Y ante la alcaldía, que la empresa tiene que llevar una serie de documentación para formalmente hacer el cierre temporal o definitivo, de acuerdo con lo señalado por Gil.

Resalta que en el registro mercantil no se están constituyendo empresas de la misma manera que en épocas anteriores.

Desde Camcaroní hacen un llamado a los concejales, los cuales cuentan con 90 días para elaborar o modificar la ordenanza municipal de actividades económicas del sector industrial, comercial y de servicios.

“Los llamo a sentarnos (…) elaborar una nueva ordenanza municipal, que dé incentivos y que se adapte a la realidad económica del contribuyente, respetando un principio constitucional que es básico: El principio de capacidad económica del contribuyente”, manifiesta.
Resalta que, si el contribuyente no tiene la capacidad de pagar impuestos municipales, tampoco la tendrá para cubrir los diferentes servicios públicos.

Considera que es primordial una nueva ordenanza municipal que se adapte a la realidad económica, por ejemplo, para desarrollar sectores como turístico, forestal, agropecuario, de construcción.

De igual manera, manifiesta al gobernador de la entidad, Ángel Marcano, “que llegue a un convenimiento a los fines de que evaluemos las potencialidades, las fortalezas del estado.

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