Fedecámaras Bolívar rechaza decreto emitido en Piar
La directiva de Fedecámaras Bolívar se pronunció este miércoles en rechazo al acta administrativa N° 008-22, que fue aprobada el pasado 29 de septiembre por la Alcaldía del municipio Piar, al sur de la entidad.
El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, detalló que este decreto vulnera las responsabilidades que tiene el sector empresarial con la comunidad, tras mencionar que busca un proceso de conciliación y de reflexión tanto de la alcaldía como de los concejales, pues a juicio, deben velar, como administradores de un municipio, la productividad de sus comercios.
“Las decisiones que tomen tienen que ir en función de crear más empresas y las que no están legalmente constituidas vayan a la formalidad”, resaltó González.
La presidenta de la Cámara de Comercio del Municipio Piar, Magnolia Lanz, mencionó que entre las violaciones plasmadas en el acta está el principio de reserva legal, el cual está estipulado en el artículo 317, la omisión de la consulta pública de la norma; violación del debido procedimiento administrativo de determinación tributaria, extralimitación y contradicción del decreto al establecer sanciones por el incumplimiento del mismo y la presunción de la omisión del delito tipificado en el artículo 76 de la ley contra la corrupción.
Ante esto, la Cámara de Comercio del Municipio Piar, este martes, entregó una comunicación solicitando una reunión con la alcaldesa y llegar a un acuerdo para la nulidad de este decreto que “se excede en todo el procedimiento”.
Camilo London, asesor tributario, entre las observaciones apuntó que la obligación tributaria está establecido en el artículo 326 de la Constitución, solo a la ley le corresponde definir los tributos, quiénes son los contribuyentes y también el procedimiento administrativo para la determinación de la obligación tributaria, es decir, reserva legal.
A través del mencionado decreto, destacó que uno de los primeros vicios del documento es que la alcaldía de Piar asume potestades que están exclusivamente reservadas en la norma legal.
Aclaró que “al ejecutivo le corresponde accionar en función de lo que está en la ley, no le corresponde al ejecutivo municipal, estatal y nacional cuáles son los procedimiento para la obligación tributaria…Definir un procedimiento especial para la determinación de tributos ajeno a lo que está en la ordenanza y el Código Orgánico Tributario es una violación a la Constitución”.
Apuntó que cualquier acto administrativo, resolución, providencia, es una norma de carácter general, la Ley Orgánica de la Administración Pública exige el desarrollo de la Constitución a una consulta pública, que tampoco se realizó entre el sector empresarial de Piar.
Finalizó que desde Fedecámas Bolívar y la Cámara del Municipio Piar no se niegan al pago de los tributos, es una responsabilidad ciudadana que asume el sector empresarial, pero deben estar establecidos en la norma y los procedimientos de recaudación deben atender la norma.
Caída del sector comercio
El representante de Fedecámaras Bolívar indicó que hace 12 años el municipio Caroní, tenía 26 mil 300 patentes vigentes y en la actualidad solo cuenta con 6 mil 700, ha tenido un descenso del 70 % de aquellos legalmente constituidos.
Para la misma fecha en el municipio Angostura del Orinoco contaban con 6 mil 300 patentes y a la fecha solo contabilizan 3 mil 700, aunque no lo relacionan con el 100 % de la voracidad fiscal, pero si es una radiografía que está viviendo el sector empresarial en los últimos años.
Plantean a los alcaldes y concejales “remar en una misma dirección”, con la meta de ser más productivos, de ahí provienen las recaudaciones y los comercios que están pasando a la informalidad regresen a la formalidad.
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