Especialista: Empresas podrían afectarse por incremento de costos de nómina
De acuerdo con el proyecto de Ley de Protección de Pensiones que estudia la Asamblea Nacional (AN), las empresas deberán pagar hasta 15 % de su nómina integral para contribuir con el sistema de pensiones.
Al respecto, el especialista tributario, Camilo London, resalta que -al ser aprobada como ley- tendría un impacto que incrementará los costos vinculados a la actividad económica de las empresas.
“En la proporción que está indicada del monto de la nómina. Estos son costos adicionales en los cuales tendría que incurrir la empresa que esté obligada al pago y en unos casos va a ser trasladado al precio de los bienes y servicios”, comenta.
Añade que llevaría al encarecimiento de los bienes y servicios, lo cual en algunos mercados posiblemente no sea factible.
Menciona mercados en los que la empresa nacional compite bajo condiciones de desigualdad con productos que entran al país de contrabando, o el sector informal que no se vería necesariamente impactado por la medida.
Impacto económico
“Nos plantea la posibilidad de que se afecte a las empresas formales con una mayor carga impositiva y comprometa en algunos casos la continuidad”, señala.
London destaca la necesidad de hacer una evaluación del impacto económico que tendría la medida en las empresas, para evitar que se extinga dicha fuente generadora de riquezas.
Si bien la complicación no es técnica, insiste en que la economía se ha visto resentida y que apenas está en la búsqueda de una recuperación que no se obtiene todavía.
“En este momento, algunas empresas podrían verse afectadas severamente por el incremento de sus costos asociados a la nómina. Significaría pagar un 15 % de lo que reciben los trabajadores al Estado para cubrir un fondo de pensiones”, explica.
Observa que ciertamente un país requiere un sistema de pensión y seguridad social que garantice el bienestar de quienes han hecho aportes a lo largo de su vida, aunque el tema sería evaluar cuáles podrían ser las mejores estrategias para obtener esos recursos.
“Sin comprometer a la economía nacional por el impacto que esto podría tener en las empresas, que son las generadoras de empleos, y de bienes y servicios”, sostiene.
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