Economistas temen nueva hipoteca financiera de Venezuela
La decisión de iniciar una reestructuración de la deuda externa venezolana abrió un nuevo frente de críticas contra la administración encabezada por Delcy Rodríguez. Economistas, analistas financieros y expertos en deuda soberana advierten que el proceso podría convertirse en una negociación “lesiva” para el país, marcada por la opacidad, la falta de legitimidad institucional y el riesgo de comprometer por décadas los ingresos de una economía devastada.
El anuncio oficial plantea una “reestructuración integral” de las obligaciones externas de la República y de Pdvsa, en default desde 2017.
Para ello, el Ejecutivo designó a la firma estadounidense Centerview Partners como asesor financiero y prometió presentar en junio un marco macroeconómico junto a un análisis de sostenibilidad de deuda.
Pero detrás del lenguaje técnico y las promesas de “normalización financiera”, crecen las alarmas sobre quién negocia, qué se negocia y bajo qué condiciones.
Una deuda que se multiplicó siete veces
El economista y doctor en Estudios del Desarrollo en el Cendes de la UCV, Manuel Sutherland, sostiene que el problema no es únicamente el tamaño de la deuda, sino el origen político y económico de la misma.
Según sus estimaciones, Venezuela pasó de tener unos 25 mil millones de dólares de deuda externa en 1999 a un monto que hoy oscila entre 170 mil y 200 mil millones de dólares.
El incremento ocurrió, paradójicamente, durante el mayor auge petrolero de la historia venezolana.
Luego de recibir cerca de un trillón de dólares por exportaciones petroleras entre 1999 y 2015, el gobierno multiplicó la deuda externa por siete y dejó al país mucho más pobre”, advirtió Sutherland.
El economista recuerda que durante esos años el chavismo no solo incrementó el endeudamiento, sino que también impulsó expropiaciones masivas de empresas que terminaron improductivas o quebradas.
Aquella política generó una avalancha de demandas internacionales y arbitrajes multimillonarios que hoy también forman parte del peso financiero que enfrenta Venezuela.
Una de las críticas más severas apunta a la legitimidad del proceso.
Sutherland considera que un gobierno “transitorio”, sin reconocimiento electoral pleno y sin controles institucionales independientes, no debería comprometer financieramente al país por décadas.
“El mismo personal político que endeudó y arruinó a la nación no debe reestructurar la deuda”, afirmó.
A su juicio, una renegociación apresurada podría traducirse en nuevos pagos de capital e intereses que condenen al país a “salarios miserables, deterioro de servicios públicos y estancamiento económico secular”.
El economista insiste en que la prioridad debería ser una auditoría independiente y exhaustiva antes de reconocer cualquier obligación.
No se puede negociar una quita sin saber exactamente cuánto se debe, quién compró la deuda y en qué condiciones”, señaló.
Sutherland va más allá y plantea que buena parte de la deuda venezolana podría considerarse “deuda odiosa”, una doctrina formulada en 1927 por el jurista Alexander Sack.
La tesis sostiene que un Estado no está obligado a pagar deudas adquiridas por regímenes autoritarios cuando:
No hubo consentimiento popular, los recursos no beneficiaron a la población y los acreedores conocían el carácter irregular de esos fondos.
El economista cree que Venezuela encaja en esos parámetros. “La deuda venezolana carece de legitimidad y está extremadamente sobrestimada”, afirmó.
Para sustentar su argumento menciona precedentes internacionales como Irak tras la caída de Saddam Hussein, así como procesos de condonación humanitaria aplicados en Somalia, Sudán y Bolivia.
“Una pésima noticia para el futuro económico”
El economista Omar Zambrano calificó el anuncio de la reestructuración como “una pésima noticia” para el país.
En un análisis técnico difundido en redes sociales, sostuvo que una renegociación soberana exitosa requiere cuatro elementos esenciales: legitimidad institucional, cifras auditables, respaldo multilateral, y un plan macroeconómico creíble.
“El gobierno interino tiene cero de cuatro”, sentenció.
Zambrano advierte que, sin el respaldo del Fondo Monetario Internacional, Venezuela llegará debilitada a la mesa de negociación frente a acreedores que buscarán maximizar beneficios.
Riesgo de una “quita” insuficiente
Uno de los principales temores es que el país termine aceptando condiciones financieras extremadamente desfavorables.
Sin una evaluación formal del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda, Zambrano considera improbable que Venezuela logre una reducción significativa de sus obligaciones.
Recordó que países como Argentina lograron quitas cercanas al 65 % en 2005 gracias a complejas negociaciones multilaterales, mientras Grecia obtuvo descuentos superiores al 50 % en 2012.
Habrá muchos bonistas interesados en un haircut pequeño, pero el interés nacional es exactamente lo contrario”, alertó.
Otra de las advertencias más delicadas tiene que ver con posibles cláusulas ocultas o concesiones futuras.
Zambrano teme que, dada la debilidad institucional del Ministerio de Finanzas, el BCV y la Procuraduría, puedan acordarse garantías sobre ingresos petroleros, activos internacionales o futuras políticas fiscales.
“Un gobierno democrático futuro tendría que litigar para revisar términos lesivos”, afirmó.
Sutherland compara el riesgo con las privatizaciones realizadas tras la caída de la Unión Soviética, cuando empresas y recursos estratégicos terminaron en manos de grupos vinculados al poder político por montos irrisorios.
El FMI como árbitro imprescindible
Tanto Sutherland como el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, coinciden en que el Fondo Monetario Internacional debería liderar una auditoría integral antes de cualquier acuerdo.
Grisanti recordó que Venezuela no se somete a una revisión del FMI desde hace más de dos décadas y señaló que incluso las cifras oficiales publicadas por el BCV son consideradas “provisionales”.
El primer paso debería ser una misión técnica del FMI para revisar las cifras oficiales”, sostuvo en conversación con el El Pitazo.
Según sus cálculos, solo el diagnóstico económico y financiero podría tardar entre 10 y 12 meses.
Una negociación parcial que no resuelve el problema
Otro de los cuestionamientos es el alcance limitado de la negociación. Aunque el gobierno habla de una reestructuración “integral”, Zambrano advierte que el foco parece centrarse únicamente en los bonos soberanos y de Pdvsa.
Sin embargo, la deuda venezolana también incluye: deuda comercial, compromisos multilaterales, pagos pendientes a proveedores, deuda bilateral con países aliados, y arbitrajes internacionales derivados de expropiaciones.
“Reestructurar solo los bonos subestima la verdadera carga de la deuda y no resuelve el problema”, advirtió.
El fantasma de otro default
Los economistas temen que una renegociación improvisada termine reproduciendo el mismo problema que pretende solucionar.
Si Venezuela acepta pagos elevados, períodos de gracia cortos y tasas altas, el país podría volver a caer en default en pocos años. Sutherland sostiene que iniciar pagos en medio de una emergencia social sería “un error histórico”.
Pagar deuda mientras millones sobreviven con salarios de hambre podría profundizar el éxodo y hundir más la capacidad de recuperación económica”, afirmó.
La batalla por el futuro financiero del país
En el fondo, el debate trasciende la deuda. Lo que está en disputa es quién administrará la recuperación económica de Venezuela y bajo qué modelo político e institucional se reconstruirá el país.
Para los críticos del proceso, una negociación acelerada, opaca y sin auditorías independientes puede terminar hipotecando generaciones enteras.
Una reestructuración mal hecha hoy puede impedir una reestructuración bien hecha mañana”, resumió Zambrano.
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