Gerente de la discoteca dominicana se pone a “entera disposición” de la justicia

El gerente de la empresa propietaria de la discoteca JetSet, que colapsó en República Dominicana, en una tragedia que dejó 231 muertos, se puso a “entera disposición” de la justicia.

Luego que los responsables del local fueran acusados de “homicidio involuntario” por parte de los familiares de las víctimas, el encargado de la compañía rompió el silencio y decidió colaborar con las investigaciones.

Con “el más alto sentido de respeto institucional y humano, nos dirigimos a usted en nombre de la entidad jurídica (…) propietaria del Jet Set, con el propósito de manifestar (…) nuestra entera disposición de colaborar” con la justicia, dijo el gerente de la firma, Antonio Espaillat, en un texto dirigido al Ministerio Público.

“Esta empresa (…) reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes”, subrayó el documento.

La familia de uno de los fallecidos pidió imputar por homicidio a los dueños del establecimiento y a las autoridades por falta de fiscalización.

Discoteca colapsada

El techo del club nocturno se derrumbó la madrugada del 8 de abril y muchos locales señalaron que la estructura no estaba preparada para el peso de las máquinas de aire acondicionado y plantas eléctricas que pesaban toneladas.

Expertos coincidieron en que una sobrecarga de la estructura, combinada con una pobre fiscalización, provocó la tragedia.

La viuda y padres de Virgilio Cruz, uno de los muertos, consideraron que “resulta inequívoco que hay méritos probatorios suficientes para sindicarle” a los propietarios el delito de homicidio involuntario.

Los dueños “fueron negligentes al no haber realizado una planificación adecuada en la expansión, modificaciones, diseño de seguridad, fortalecimiento de las estructuras y del techo del edificio”, señala un comunicado legal.

“Esta tragedia no solo es atribuible a los propietarios y administradores de la discoteca Jet Set (…), sino también a las instituciones del Estado dominicano y Alcaldía del Distrito Nacional”, añadió.

“Fallaron en el cumplimiento de sus deberes legales de supervisión, inspección y autorización de funcionamiento de establecimientos abiertos al público”, sentenció el comunicado.

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